Los vecinos de la avenida Costa de la Luz han dicho basta. Decenas de familias se concentraron ayer ante la puerta de un local ocupado ilegalmente para pedir un desalojo inmediato de las 10-15 personas que viven dentro. La asociación vecinal aseguró que este espacio lleva ocupado más de dos años y que se ha convertido en un punto de drogas en el que consumen y viven adictos. Las mismas personas que duermen en el espacio son los gorrillas que “amenazan a la gente cuando vienen al Hospital Costa de la Luz porque no les dan dinero”, señaló una vecina a Huelva Información.

La inseguridad que existe en esta zona del barrio del Nuevo Molino “cada día es peor”, apuntó la vicepresidenta de la asociación vecinal, Alexandra Lois. Dentro del local “venden y consumen” la droga. Un hecho que se suma a que vienen todo tipo de personas a comprar o consumir, incluso “gente enchaquetada”. Eso sí “los que viven dentro son todas adictas”. La asociación apuntó que el inmueble se ha convertido en los últimos años como centro neurálgico de “gorrillas, drogadictos y prostitutas”. Asimismo, los vecinos desconocen de dónde sacan los okupas el suministro eléctrico.

El local está situado a la plantas de un bloque de viviendas en la que hay tres portales con 32 hogares en cada uno. Decenas de estos vecinos y personas que residen en la zona se concentraron ayer a las puertas del local. Al grito de “no queremos drogas en nuestro barrio” y otros cánticos se sucedieron durante casi tres horas de la tarde de ayer. Los vecinos elaboraron pancartas para visualizar la problemática y se sirvieron de megáfonos, equipos de sonido y bocinas para generar un ruido ensordecedor. Tanto es así, que tres personas salieron del interior del local. Uno de los hombres hizo gestos provocadores hacia los vecinos, aunque rápidamente intervinieron efectivos de la Policía Local y Nacional para calmar la situación. Tras esto los okupas volvieron a entrar en el local.

El inmueble pertenece a una inmobiliaria que ya puso la problemática en manos del juzgado en 2017, según explicó el presidente de la asociación vecinal, Carmelo Merchán. “La última medida que ha tomado ha sido la de solicitar al juez la cautelar de que se desaloje el local debido a la alarma social que se está provocando”. Todavía no se ha resuelto nada, incluso se suspendió una fecha judicial en octubre del pasado año.

“Demasiado es tener la bomba de relojería debajo de casa como también que lo tengamos en la calle”. Justo al lado del local hay una academia de inglés donde “pasan los críos para sus estudios y no tiene por qué estar conviviendo con esta situación”. El escenario ha provocado que en la zona haya enfrentamientos entre los propios okupas, y con los vecinos, además que “en el barrio se ha incrementado el problema de robo en los coches”. Asimismo estas personas “se meten en los portales a consumir y dormir”. La situación es “muy alarmante” y llega un momento en el que “la gente se desespera”, señaló Merchán.

La primera medida que tomó la asociación vecinal fue exponerle al Ayuntamiento de Huelva y a la Subdelegación del Gobierno en escritos el problema así como solicitar reuniones –en diciembre– que todavía no se han producido. “Ellos son conocedores de la situación” por la presencia constante de la Policía en la zona. Ayer, el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, apuntó que la principal dificultad es “legal” ya que “no se puede desalojar de cualquier manera”. “Los vecinos tienen todo el derecho a vivir tranquilos, y estamos dispuestos a colaborar en una situación tan delicada”.

Por su parte, Alexandra Lois pidió la necesidad de que el Ayuntamiento “meta presión” en el asunto antes de que “ocurra alguna barbaridad”. Asimismo, Lois remarcó que lo que no puede ser es que “a una familia vulnerable se la desahucie” y se preguntó que por qué “aquí no se desaloja urgentemente”. Los vecinos finalizaron la concentración con la lectura de un manifiesto.