“He de añadir que la declaración de la acusada que afirmó en diversas ocasiones que la casa no existe, pero seguidamente fue al Ayuntamiento a entregar las llaves de la vivienda y manifestó que se hizo lo que había que hacer porque no había casa contratando a la empresa de derribos, conforman un relato que denota un móvil de venganza”. Se trata de un párrafo contenido en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva a la que ha tenido acceso Huelva Información, sobre el derribo de la Casa Duclós, ocurrido el 7 de julio de 2017 mientras se encontraba en un expediente de expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento de Huelva.

El fallo judicial apunta que la propietaria de la Casa Duclós deberá indemnizar al Ayuntamiento de Huelva con una cantidad superior a los 422.000 euros en una sentencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En el fallo se condena a la propietaria de la Casa, identificada como B. N. D. P “como autora de un delito de daños en bien de dominio público o comunal” a una pena de 14 meses de prisión –que se deja en suspenso “con la condición de que no delinca en un periodo de 2 años y que se abonen las responsabilidades civiles y penales al perjudicado”– y a la obligación de indemnizar al Ayuntamiento de Huelva en la cantidad de 418.648,47 euros por el valor de reposición del inmueble derribado y 3.960, 60 por los gastos derivados de la retirada de escombros”.

La vista oral tuvo lugar el pasado 9 de marzo y en el mismo la Fiscalía solicitaba la misma indemnización, aunque valoraba al alza los gastos de la retirada de escombros, aunque pedía para ella una pena de 2 años de prisión. La acusación particular añadía la cantidad de 207.147 euros por el valor del inmueble dañado, mientras que la defensa pidió la libre absolución por “error invencible en la conducta de la misma”.

La sentencia, dada a conocer por el TSJA, contempla todos los argumentos que en su día ofreció el Ayuntamiento de Huelva y confirma que “no se discute que la demolición de la casa tuviera lugar, ni que la misma fuer ordenada por la acusada para lo que contrató a una empresa especializada”, así como desmonta el principal testimonio de la ahora condenada ya que ésta señaló en sede judicial que “no sabía que la casa era propiedad del Ayuntamiento y que iba a ser derribada por el mismo y que por eso entendía que ya no existía.Esta magistrada ha alcanzado la convicción plena de que la señora Duclós era perfectamente conocedora de que el inmueble, incluyendo la vivienda era del Ayuntamiento”.De hecho, sus declaraciones en sede judicial fueron tan contundentes como para acusar de que “Urbanismo miente, lo que tienen que hacer es pagar”.

Las declaraciones de los responsables municipales, resultaron demoledoras para la acusada. La asesora jurídica del Ayuntamiento confirmó que éste “no iba a demoler el edificio, sino a recuperar su uso”, además de que a la propietaria “se le notificó que ya no era la propietaria”. La arquitecta municipal también apuntó la idea de dar a la Casa Duclós un uso dotacional” y el jefe de servicio de Urbanismo, recordó como “la propietaria entregó tres llaves”.

En el juicio fue necesaria la declaración del concejal de Urbanismo, Manuel Gómez quien afirmó que “llegaron a un acuerdo con la persona que ocupaba el inmueble para su desalojo. Donde había una casa, ahora hay una ruina. Nunca se le dijo que iba a ser demolido. La casa se demolió unos días antes de entregar las llaves y ella residía allí”.

Imagen de los restos de la Casa Duclós el mismo día en el que fue derribada en 2017.

Más de 18 años después

Los hechos datan del año 2004 cuando el Ayuntamiento comenzó el expediente de expropiación forzosa de la Casa Duclós. La propietaria comenzó entonces una serie de pleitos que no modificaron la situación expropiatoria del inmueble, algo que fue ratificado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El 28 de noviembre de 2005 se firma el acta de desalojo en la que la acusada se comprometía a dejar el inmueble libre de ocupantes, enseres y muebles en un periodo de dos meses y se autorizó su entrada. La sala de lo Contencioso puso fin al proceso con una sentencia que conocía la propietaria que dilató su salida.

El Ayuntamiento pidió el 7 de diciembre de 2016 una autorización de entrada judicial que le fue concedida. El 8 de mayo de 2017 se firmó por parte de la ocupante un compromiso de desalojo voluntario.Fue entonces, el 6 de julio de 2017, cuando contactó con una empresa de demoliciones, a la que le fue facilitado el acceso a la Casa y se procedió a la destrucción de todo el inmueble salvo unos cuartillos traseros. La factura de la demolición fue pagada por la acusada quien el 10 de julio de ese mismo año compareció ante el jefe de Servicio del área de Urbanismo del Ayuntamiento, para hacer entrega de las llaves de una casa ya derribada.

En un primer momento, la acusada fue eximida del delito de daños, algo que llevó al Ayuntamiento a recurrir el fallo y a solicitar la repetición del juicio. La Audiencia Provincial ordenó el 4 de enero del año pasado la repetición del mismo, al estimar el recurso de la Fiscalía y anulaba la sentencia absolutoria de la propietaria, algo que fue impugnado por la misma aunque fueron rechazados todos los recursos que presentó.