Unos 200 profesores que imparten la asignatura de Religión en centros públicos onubenses “podrían perder su trabajo a consecuencia de la Ley Orgánica para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida popularmente como la Ley Celaá, y que “deja relegada a la mínima expresión la asignatura de Religión, que no computará en la nota media del alumno, que por primera vez no contará con alternativa (asignatura espejo), de modo que quien decida no estudiarla no tendrá que elegir otra en su lugar, pudiéndose ir al recreo o a casa”.

El profesorado más numeroso (unos 150) que se vería más afectado por esta medida es el que imparte esta materia en Centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de la Junta de Andalucía, pero cuyos contratos dependen del Ministerio de Educación y que, en su gran mayoría, son mujeres.

Desde la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FEUSO-Andalucía) se insiste en la necesidad de que las competencias sobre este profesorado sean transferidas con la correspondiente dotación económica al gobierno autonómico como ya sucede en otras comunidades autónomas, de quien ya depende, por ejemplo, el profesorado que imparte Religión en Educación Secundaria.