La operación Eduende pone el foco en el SAE con otras cuatro detenciones

Cuatro personas vinculadas al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva, entre ellas el exdelegado territorial de Economía y Empleo, Eduardo Muñoz, han sido detenidas por la Policía en una nueva fase de la operación Eduende por el presunto fraude en los cursos de formación en Andalucía, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva. A todos ellos se les investiga por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Los detenidos son Eduardo Muñoz García, por su actividad como director provincial del SAE; José Martínez Iglesias, como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Empleo; José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE; y Manuel Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE. De ellos, Muñoz cesó de sus cargos en la Delegación en marzo pasado, tras ser detenido en el marco de la operación Barrado dictada por la juez Alaya; Gil Flores está ya jubilado; y los dos restantes siguen en activo.

Fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio precisaron ayer que las cuatro personas vinculadas al SAE acudieron a declarar voluntariamente el martes a la Comisaría Provincial de Policía, donde se les había citado un día antes, sin que fueran arrestados a priori.

Al menos tres de ellos, aseguran, se acogieron a su derecho a no declarar y, tras comunicarles su condición de detenidos y leerles sus derechos, pudieron marcharse libremente a casa y a sus puestos de trabajo.

La Dirección General de la Policía emitió ayer una nota de prensa en la que informó que las detenciones fueron practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras determinarse que los cuatro investigados habrían estado implicados en la tramitación de una resolución de concesión fondos públicos para formación, a sabiendas de su injusticia, a empresas finalistas afines de una manera arbitraria y prevaricadora.

Según los datos investigados, citados por la Policía, la cuantía de los fondos públicos concedidos en la resolución objeto de investigación es de 12.175.248 euros, habiéndose constatado en las empresas sobre las que se ha actuado un fraude de 2.971.077 euros, detalla la misma nota.

La atribución de delitos a Muñoz y los tres altos funcionarios se produjo sólo un día después de que declarara en comisión parlamentaria de investigación el interventor provincial de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, quien señaló como posibles responsables de las deficiencias en el control a los jefes de servicio y departamento y al director del SAE.

Ésta es la segunda detención de Eduardo Muñoz relacionada con el presunto fraude en las ayudas a la formación, después de que el 24 de marzo del pasado año formara parte de los 16 ex altos cargos arrestados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación Barrado.

Entonces, en la causa que instruía la juez Alaya, se le atribuían también los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, además de fraude de subvenciones. Éstos fueron fundamentados por Alaya en una supuesta red clientelar a través de hipotéticas órdenes que desde la Consejería de Empleo se habrían dado a las distintas delegaciones provinciales para que no se controlara la justificación de las subvenciones destinadas a la formación y que, de alguna forma, se relajara la obligación de fiscalización posterior.

Esta detención, practicada en los juzgados sevillanos, supuso el cese fulminante de Eduardo Muñoz como delegado provincial de la Consejería de Empleo en Huelva. No obstante contó con el amparo del Partido Socialista, y el propio secretario general provincial, Ignacio Caraballo, defendió entonces su presunción de inocencia "por encima de todo". "Eduardo [Muñoz] es una persona íntegra, que lo ha dado todo y que tiene nuestro cariño y reconocimiento", apuntó Caraballo, muy crítico esos días con la "criminalización de las personas que trabajamos por los demás en lo público".

Incluso desde el Gobierno andaluz, su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, se pronunció en la misma línea, convencido de que "los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras", y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, justificó la destitución de un cargo público detenido por la necesidad de transmitir "tranquilidad y confianza" a los andaluces.

Las cuatro detenciones practicadas ahora se enmarcan en la investigación de la UDEF, a petición del Juzgado de Instrucción Número 5 de Huelva, sobre las subvenciones recogidas en la Resolución de 21 de febrero de 2011 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Dicha resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge partidas destinadas a 129 entidades que ascienden a más de 12 millones de euros. Estas subvenciones van desde los 12.000 euros la más baja, hasta los 311.025 euros la más alta, y entre los beneficiarios hay entidades de todo tipo y también 14 ayuntamientos de municipios onubenses.

Según relata el BOJA, estas subvenciones se concedieron "con cargo al Programa Presupuestario 32D y al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto por el que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía". Está firmada por el detenido José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo.

Estos nuevos arrestos suponen una ampliación de la operación EDU, bautizada como Eduende, una vez que los jueces que asumieron el caso en cada una de las provincias afectadas continuaron con sus investigaciones en torno a este presunto fraude masivo. Las fuentes consultadas precisan que esta nueva fase afecta ya a los más altos responsables de cada provincia.

La estrategia de la UDEF en esta investigación ha consistido en avanzar de abajo arriba de la pirámide del presunto fraude. Los expertos policiales comenzaron por la base entrevistándose con miles de alumnos o profesores que participaron en los cursos, también se investigaron centenares de empresas. El resultados de esas averiguaciones ha dado lugar a detenciones que ya afectan a personas que tenían poder de decisión.

En el marco de la investigación, la Policía acusa a Eduardo Muñoz de manejar el organismo de forma arbitraria y atendiendo a sus intereses personales e incluso de apartar a los funcionarios que no comulgaban con sus actividades. La Policía le acusa de controlar directamente a qué empresas se les daba las subvenciones sin tener en cuenta si cumplían los requisitos exigidos por Ley.

Las fuentes consultadas por Europa Press relatan cómo Muñoz llegó incluso a falsear la constitución del órgano colegiado dispuesto legalmente para estas actividades o que determinaba arbitrariamente los baremos a tener en cuenta para las subvenciones.

La UDEF ha detectado que el exdirector del SAE de Huelva consintió tramitar al menos una subvención a sabiendas de su injusticia. Además, para tratar de ocultar su responsabilidad en esta decisión, usó al secretario general de la Delegación Territorial de Empleo en Huelva para que firmase la subvención bajo una supuesta delegación de firma realizada en fraude de Ley a juicio de la Policía.