El núcleo químico con más carencias en comunicación de riesgos

En julio de 1976, una fuga de dioxinas en la localidad italiana de Seveso provocó uno de los incidentes químicos más importantes de la historia europea. Fue un punto de inflexión para que la Comunidad Europea empezase a regular las actividades industriales que suponían un riesgo para la población. Así nació la conocida como Directiva Seveso, que no sólo establecía medidas de control de riesgos a adoptar por las empresas, sino que también recogía la obligación de informar a la población "para actuar convenientemente en caso de siniestro".

Esa directiva, posteriormente modificada y transpuesta a la normativa nacional, es la base de la actuación en materia de comunicación de riesgos en Europa. Pero en el caso de Huelva, su cumplimiento está lejos de ser completo. Al menos, así se recoge en la tesis elaborada por Encarnación Rodríguez, experta en la materia y docente en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Según el trabajo de la doctora, que analiza la comunicación de riesgo en el marco de las prácticas comunicativas de los principales polos químicos de España, la situación de Huelva es la peor de los 8 analizados en cuanto a la actuación de la administración competente (la Junta de Andalucía) y ello partiendo de que ninguna de ellas cumple estrictamente la normativa. Así, se apunta que no se hace llegar información a la población con regularidad en los años analizados (2009-2012), la administración no establece mecanismos para conocer la percepción que la población tiene sobre el riesgo químico, no se han establecido sistemas de avisos de emergencia, la población no puede acceder con facilidad a la información sobre riesgo químico y comportamientos en emergencias y tampoco a la información sobre las actividades, procesos y productos de las industrias de su entorno. Y por último, no se organizan simulacros con participación de la población.

Tras esta demoledora valoración está un hecho: el Plan de Emergencias del Sector Químico de Huelva, elaborado por entidades externas especializadas, no contempla ningún supuesto en el que exista un riesgo grave para la población de la capital o de Palos de la Frontera. Al no haber peligro teórico, no se prevén campañas de comunicación de riesgo químico.

La experta concluye que "Andalucía representa la administración pública que presenta más carencias en el cumplimiento de su obligaciones legales en la materia", pero con diferencias entre el Campo de Gibraltar y Huelva. Así, en la primera "la administración competente reconoce sus carencias y proyecta (o afirma que proyecta) mejoras en su actuación". En cambio, en Huelva, prosigue la doctora, hay una "fractura social" y "ni la administración ni la patronal contemplan la posibilidad de establecer mecanismos de diálogo con la población".

Algo mejor parada sale la patronal en cuanto a la información aportada a la población. Así, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva lleva a cabo las fórmulas de información habituales en el resto del país: página web, convenios con la Universidad o colaboración con la Administración. Falla en la formación divulgativa a la población, que no ejecuta.

Aún así, Huelva tiene mucho que avanzar hasta llegar al núcleo mejor posicionado en este estudio, Tarragona. Aunque "aquí también hay cosas que mejorar", explica Encarnación Rodríguez, "hay otras que funcionan bien". Un ejemplo de política de comunicación son los paneles públicos asesores de las industrias y la patronal, grupos ciudadanos en los que están representados el conjunto de los vecinos residentes en el área industrial, que se reúnen varias veces al año para ser informados sobre la actividad de la empresa y poder formular preguntas y propuestas. "Y se toman algunas medidas efectivas", asegura Rodríguez.

También es muy diferente la comunicación en emergencias que se realiza desde el servicio de Protección Civil de la Generalitat. Los barrios de Tarragona que podrían verse afectados por un accidente químico tienen sirenas, sobre las que se hacen pruebas anuales con la participación de la población. También, explican fuentes de Protección Civil, se hacen simulacros en los que "se recomienda a la población que practiquen el confinamiento". Otro de los medios que se utiliza es Twitter: "Damos mucha información a través de la red". Además, uno de los efectivos de Protección Civil "va por las escuelas para hablar específicamente del riesgo químico". Tarragona fue el primer polo químico que estableció un convenio de notificación de incidentes menores, similar al que opera también en Huelva. Ahora se marca como reto una mejora en cuanto a la actuación en esas incidencias: disminuir el tiempo de aviso por parte de las industrias para agilizar la respuesta.

En materia de participación ciudadana, también se ha puesto en marcha un programa singular: una red de narices, voluntarios que participan en un proyecto para confeccionar un mapa de molestias por olores, para caracterizarlos y determinar su origen. Los datos eran recogidos por el Centro Tecnológico de la Química de Cataluña para elaborar un estudio mensual. Ahora se ha creado incluso una aplicación móvil para ofrecer información en tiempo real, la aplicación Nas que cuenta actualmente con 103 informadores en el Camp de Tarragona.