Los juzgados de Primera Instancia y los Mixtos de la provincia de Huelva han ingresado en solo doce meses 57 asuntos de ocupación ilegal de viviendas, concretamente entre octubre de 2018 y septiembre del presente ejercicio.

Así lo constata la estadística Efecto de la crisis en los órganos judiciales, publicada por el Consejo General del Poder Judicial y analizada por Huelva Información, que por el momento no permite realizar la comparativa global interanual, puesto que únicamente se ofrecen datos a partir del tercer trimestre del pasado año.

Estos procedimientos civiles, llamados verbales posesorios, permiten recobrar la posesión a las personas físicas y a las entidades sin ánimo de lucro que sean titulares legítimas de una vivienda y que se vean privadas "ilegalmente y sin su consentimiento" de ella.

También pueden impulsar estos expedientes las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social que se vean afectadas por la acción de los okupas.

Los datos más recientes radiografían la situación en los órganos judiciales en el tercer trimestre de este año: de julio a septiembre se ingresaron en los juzgados 12 asuntos de estas características. No lograron resolver ninguno. A 30 de septiembre había 39 casos por resolver.

Los casos por resolver el 30 de septiembre de este ejercicio ascendían a 39 en la provincia

Al comparar ese trimestre con el mismo de 2018, se advierte que las denuncias por ocupación tienen una tendencia ascendente en la jurisdicción civil. Entonces solo había cinco asuntos ingresados, siete menos que en el de este ejercicio.

No obstante, si hubo un trimestre que batió récords de nuevos asuntos ese fue el último de 2018, cuando la suma de expedientes recién incorporados llegó a los 27. De enero a marzo se despacharon cuatro pero quedaron 28 irresolutos.

En el primer trimestre del año que está a punto de terminar, los juzgados de Primera Instancia y los Mixtos de la provincia incorporaron 11 nuevos verbales posesorios a sus montañas de procedimientos. Fue el trimestre más resolutivo, con ocho casos cerrados, pero la pendencia llegó a los 31.

De abril a junio se ralentizó la suma nuevos expedientes, con solo siete de estreno. Se resolvieron tres y 26 quedaron en trámite.

Uno de los casos más sonados de ocupación ilegal es el de la avenida Costa de la Luz de la capital onubense (en este caso es un local), un auténtico "fumadero" de drogas que mantiene en vilo a unos vecinos que han protagonizado manifestaciones desde hace meses y que desean que la propietaria, Aliseda, inicie los trámites para expulsar a los okupas de los bajos de sus viviendas.

El miedo a que las viviendas sean ocupadas ha cambiado el paisaje urbano. Cada vez se ven menos carteles de domicilios en alquiler por las calles. Los propietarios optan, directamente, por alquilarlas a través de las inmobiliarias para no llamar la atención de los okupas.