El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, aseguró que con toda probabilidad la fiscal encargada del caso de Laura Luelmo, la joven que fue asesinada el pasado mes de diciembre en El Campillo supuestamente a manos de Bernardo Montoya, solicitará que el juicio se celebre ante un jurado popular. El asesinato es uno de los delitos que la ley del jurado contempla como uno de los supuestos en los que se establece la intervención del denominado tribunal popular, aunque la repercusión social del asesinato en concreto, puede hacer más compleja si cabe la elección de los miembros del mismo, ya que uno de los aspectos que buscan las partes es la ausencia de conocimiento previo del asunto sobre el que deben decidir.

El representante del Ministerio Público reconoció que aunque todo apunta a que se realizará esta petición, “le corresponde a ella decidirlo”, pero insistió en que “lo previsible es que el presunto autor sea juzgado por un jurado popular por asesinato”. Sobre el caso, el fiscal jefe señaló que tras los hechos “siempre hay una fase rápida inicial y luego otra más lenta a la espera de la culminación de todos los informes técnicos periciales”. No obstante, la idea es que “después del verano sea el momento de plantearse la transformación del procedimiento y lo normal es que sea por jurado”, aunque la determinación del mismo corresponde a la representante de la Fiscalía en ese caso concreto.

En este sentido, tal y como adelantó Huelva Información, cabe recordar que la Fiscalía está estudiando la posibilidad de solicitar, cuando llegue el momento procesal oportuno, la prisión permanente revisable para Montoya al considerar que este caso reúne los requisitos para pedir esta pena máxima.

Al respecto, Alfredo Flores precisó que “razonablemente se puede pensar que esta petición es una opción muy probable”, ya que “deben establecerse los mecanismos necesarios para disminuir el riesgo de volver a cometer el delito” y dar “mayor protección al ciudadano”, todo ello teniendo en cuenta que “hay personas con alto riesgo de reincidencia en relación con ciertos delitos”.

En cuanto a la solicitud de libertad provisional para Montoya, que ya fue rechazada por la juez, Flores puntualizó que, “teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad del delito y las circunstancias personales del investigado, siempre nos vamos a oponer a esa libertad”, por lo que, “si se mantienen esas circunstancias, que lo previsible es que se mantengan, la prisión preventiva debe mantenerse hasta el momento del juicio oral”.

Cabe recordar también que a finales del mes de mayo, el letrado de Montoya, Miguel Rivera, anunció que no iba a recurrir el auto en el que la titular del Juzgado número 1 de Valverde del Camino le denegaba la libertad que él mismo había solicitado tras saber que la grabación en la que se autoinculpaba de los hechos no se había efectuado por un defecto en los dipositivos que a tal efecto se disponían en las dependencias judiciales.

Ante ello, la instructora mantuvo la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza que fue adoptada el día 22 de diciembre del pasado año por presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato.