El incremento se aplica también al servicio de grúa, bomberos y otras tasas

Pendientes de luz verde definitiva en el Pleno, las ordenanzas fiscales de 2009 llegan con una subida generalizada de tasas y precios públicos, fruto del alza de costes que soportan los servicios del Ayuntamiento. Así, el incremento del 4,9% en base al IPC de agosto se aplicará igualmente al servicio de grúa a través de la llamada Tasa de Retirada y Recogida de Vehículos en la Vía Pública. El caso tipo, la retirada de un turismo, se encarecerá 2,8 euros, alcanzando una tarifa de 60,3 euros para 2009.

También se encarecerá el papeleo municipal, aplicándose el mismo porcentaje a la tasa por expedición de documentos. Ahora se eximirá de estos pagos a la tramitación de expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, devolución de indebidos, consultas tributarias y recursos administrativos contra resoluciones judiciales de cualquier índole. Se introduce un nuevo concepto en el cuadro de tarifas: habrá que pagar 75 euros por la expedición de un certificado de cambio de titularidad de licencia de apertura de establecimientos cuando haya cambios de denominación social, cuando se conserve el mismo CIF, o de personas físicas que constituyan comunidades de bienes.

La subida del 4,9% afectará asimismo a las licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler; los servicios de prevención y extinción de incendios; y las tarifas del cementerio; saneamiento y abastecimiento de agua [como ya se anunció la semana pasada].

El mismo porcentaje se aplicará al servicio de lonja; las concesiones del mercado de abastos; la prestación de servicios urbanísticos; la tasa por ocupación de la vía pública [que en el caso de los veladores escala un 34,8%]; y la recepción de residuos en el centro de recuperación de inertes.

En cuanto a los precios públicos que dependen de la Administración local, se incrementarán también cerca de los cinco puntos las tarifas de los polideportivos municipales (Andrés Estrada y Diego Lobato); las de prestación del servicio de ayuda a domicilio; el precio público por venta de libros; y la utilización de las instalaciones de la Casa Colón.