El Ministerio Fiscal solicita un nuevo juicio, con un nuevo magistrado tras la sentencia exculpatoria a la propietaria de la Casa Duclós en un duro recurso al que ha tenido acceso Huelva Información y en el que señala que el juez que decretó dicha absolución incurre en repetidas ocasiones en un error grave en la apreciación de los hechos.

En las conclusiones de dicho escrito, el representante del Ministerio Público, pide  que “se declare la nulidad del juicio oral y se repongan las actuaciones la momento de su celebración para que se lleve a cabo por distinto juzgador, o subsidiariamente se revoque la resolución recurrida, declarando nula la misma, previa celebración de vista en la que pueda ser oída la acusada para el debido respeto al derecho de defensa y se dicte una sentencia por la que se condene a la acusada”.

El escrito insiste en repetidas oportunidades en el “error en la valoración de la prueba”, en un principio en el argumento que sostenía el tribunal que decretó la exculpación de la propietaria basado en la “creencia de que la vivienda carecía ya de valor e interés para el Ayuntamiento de Huelva” y en la apreciación de que “no podía saber que la vivienda era propiedad del Ayuntamiento y que causaba un daño en un bien ajeno”, cuando procedió al derribo de la misma apenas dos días antes de entregarle las llaves al Consistorio onubense.

Restos del derribo de la Casa Duclós cuya propietaria fue exculpada en primera instancia.

La Fiscalía recuerda que “la expropiación forzosa fue aprobada el 10 de mayo de 2004 y desde entonces se iniciaron una serie de pleitos contra el Ayuntamiento de Huelva”, por lo que a su juicio “resulta inverosímil que se infiera que la acusada o sabía que la vivienda era propiedad municipal”. El Ministerio Público califica como “una irracionalidad intrínseca el silogismo utilizado por el juzgador”, ya que la “acusada durante su interrogatorio llega a afirmar que se nos ha expropiado todo”.

Sobre la pretensión de argumentar su exculpación con el argumento de que no conocía que se estaba causando daño en un bien ajeno, el fiscal asegura que se trata de una argumentación “arbitraria, porque no se funda en motivación que la apoye, ni de los hechos probados se revelan indicios que vengan a sostener dicha aseveración”.

Además, sostiene que “hay un error en la valoración de la prueba” ya que considera que “desde el momento en que se levantó acta de ocupación del inmueble, éste pasó a entrar en la titularidad del Ayuntamiento”.

La demolición de la Casa Duclós fue apenas unos días antes de la entrega de las llaves.

No obstante, donde se muestra de una manera más contundente el rechazo del ministerio público a los argumentos esgrimidos por el juez es en el hecho de que ha pasado por alto “que la acusada ha estado durante más de diez años en una lucha contra el Ayuntamiento para retener en un primer momento la titularidad y en un segundo momento la posesión del inmueble. En ningún caso puede aceptarse, inclusive admitiendo el escrupuloso respeto a los hechos probados que la acusada no podía saber que la vivienda no era de su propiedad y que estaba causando daños a un tercero”.

También rechaza de plano el argumento del juez relativo a que la acusada “era una persona ajena al mundo jurídico y de la ordenación urbanística” ya que “se trata de una persona que desde el año 2004 se encuentra inmersa en un proceso de expropiación forzosa y ha hecho valer numerosos recursos legales para el mantenimiento de la titularidad y, en un segundo momento, de la ocupación de la vivienda”, por lo que debía tener conocimiento “que podía causar un daño al Ayuntamiento”.

El fiscal recuerda el comportamiento de la acusada “ante la proximidad de la entrega de las llaves de la vivienda, tras notables concesiones por el Consistorio municipal para el mantenimiento de la ocupación por la misma, concierta unilateralmente la demolición de la edificación sin haber requerido anteriormente licencia alguna y además el día fijado, efectúa la entrega de las llaves de una vivienda ya existente, sin hacer mención siquera a este hecho, revelando con ello una forma de proceder torticera e incluso socarrona que se aleja de la conclusión del juzgador de que la acusada, en cierto modo ingenuo, desconocía y no podía conocer que generaba un detrimento en una propiedad que era de titularidad municipal”.