Educadores sociales rechazan la agresión de Huelva y piden condiciones laborales seguras

Fiscalía Provincial de Menores en Huelva.
Fiscalía Provincial de Menores en Huelva. / M.G.

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, CoPESA, ha rechazado este lunes la agresión sufrida por una compañera educadora en Huelva en el desempeño de sus funciones y ha reclamado condiciones laborales para desempeñar su trabajo de forma segura.

"Las agresiones contra educadoras y educadores sociales siguen ocurriendo en Andalucía. Constituyen una realidad frente a la que no podemos cerrar los ojos, ni pueden cerrar los ojos las instituciones y entidades que trabajan en el acompañamiento de menores", ha indicado CoPESA en una nota.

No pueden aceptar, han señalado, que "el ejercicio de nuestra profesión conlleve sistemáticamente un riesgo de sufrir violencia, cuando es posible y necesario mejorar el sistema en el que desempeñamos nuestra labor que, además, diariamente se enfrenta a contextos cada vez más complejos y variados".

Ante estos hechos, que "no tienen un carácter excepcional", han reivindicado el establecimiento de unas condiciones laborales seguras, a través de un protocolo unificado y eficaz ante situaciones de riesgo y agresión; que incluya la formación específica en prevención y manejo de estas situaciones.

Además, han solicitado la revisión y actualización de las ratio de atención para garantizar un servicio de calidad y una prestación en condiciones de dignidad para las educadores y educadores sociales; y la necesidad de que siempre la persona responsable de referencia sea una educadora o educador social.

La evaluación rigurosa y actualizada de los perfiles, atendiendo a la realidad cada vez más compleja con dotación de recursos que posibiliten intervenciones educativas y la presencia en todos los recursos de un mínimo de dos personas prestando su servicio al mismo tiempo, para evitar situaciones indeseadas de indefensión y riesgo, son otras peticiones.

"Reafirmamos nuestro compromiso con una intervención social de calidad, basada en los derechos humanos, el bienestar colectivo y la justicia social", han concluido.

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