Los docentes piden la prórroga de la propuesta de jubilación anticipada

Las centrales sindicales de UGT, CCOO, CSI-F, ANPE y USTEA concentraron en la mañana de ayer a un centenar de afiliados en la puerta de la Subdelegación de Gobierno en Huelva para hacer entrega de un documento a Manuel Bago, máximo representante del Gobierno de la nación en Huelva, en el que solicitan una prórroga de la propuesta de jubilación anticipada LOE.

Según las centrales sindicales, la Ley Orgánica de Educación (LOE), estableció en su disposición transitoria segunda un procedimiento de jubilación "anticipada, voluntaria, incentivada y gratificada" similar al establecido en su momento por la Logse, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2011, momento en el que finaliza el periodo de implantación de la citada ley. Esta disposición transitoria establece que antes de la finalización del periodo de implantación de la LOE, el Gobierno "procedería a la revisión del tiempo referido al régimen de jubilación voluntaria así como los requisitos exigidos" previa consulta con las comunidades autónomas.

En sus propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación, el Ministerio de Educación "incluye como objetivo el reconocimiento profesional y social del docente". Por lo tanto, la prórroga de la jubilación anticipada incentivada es una de las medidas "más importantes para este reconocimiento". Además, el acuerdo de 20 de octubre de 2005 establece que "antes de finalizar el periodo de vigencia citado, se estudiará su prórroga y, en su caso, la modificación de sus requisitos".

En este contexto, las organizaciones sindicales de la enseñanza pública andaluza, UGT, CCOO, ANPE, CSI-F y USTEA, exigen "la apertura inmediata de negociaciones de la Mesa Estatal Sectorial de Educación para alcanzar un acuerdo para la prórroga de jubilación LOE", reivindicación que consideran "irrenunciable".

Por la tarde, los sindicatos CSIF y SADI se concentraron a las puertas de la delegación de Educación para pedir la retirada de los Reglamentos Orgánicos de los centros, los conocidos como ROC. Estos reglamentos suponen, según los sindicatos, un grave retroceso en las condiciones laborales del profesorado.