Un inversor, dispuesto a convertir Astilleros de Huelva en una nueva sociedad naval

Una nueva sociedad mercantil en Huelva, destinada a la construcción de barcos de menos de 100 toneladas y a la reparación y mantenimiento de buques. Ese es el futuro que la Junta de Andalucía plantea para Astilleros de Huelva (o más bien, para la nueva empresa que se crearía partiendo de la atarazana), que cuenta con el interés de un empresario en llevar a cabo el proyecto y se complementaría con la llegada de nuevas industrias para diversificar la actividad. En el caso de Astilleros de Sevilla, el futuro sí estaría ligado a la construcción naval de grandes buques, con la renovación de su accionariado para levantar el mayor astillero privado de España. De ambos dependen más de 1.500 empleos directos e indirectos.

Esa es la propuesta que la Administración autonómica reiteró ayer a los propietarios de Astilleros de Huelva (que posee un 80% del accionariado de la sociedad hispalense) en la tercera reunión en tres semanas, de nuevo infructuosa. La solución elaborada por la Junta de Andalucía necesita de la aprobación de los accionistas de la compañía, que tendrían que ceder el 60% de sus derechos políticos a un administrador único nombrado con el visto bueno de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) para ejecutar un plan diversificado para ambas factorías navales. Y la falta de aceptación por parte de los actuales propietarios ha llevado a la Administración autonómica a plantear un ultimátum: la empresa tiene 48 horas para firmar el acuerdo o presentar alternativas viables y serias; en caso contrario, la Administración autonómica "actuará conforme a su criterio".

Sin embargo, la Junta no podría ejecutar su hoja de ruta tal y como está planteada. La propuesta para Huelva pasa, tal y como ya adelantó este diario, por la cesión de la licencia de construcción naval para barcos de gran tonelaje en Huelva, lo que conllevaría ayudas de la Unión Europea por el cierre para las indemnizaciones a trabajadores despedidos o prejubilados. Se ampliaría el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a la práctica totalidad de la plantilla de Astilleros y sus dos auxiliares, Nueva Lima e Instalaciones Industriales y Navales de Huelva (331 trabajadores), un mínimo de tres meses sobre el ERTE actual que finaliza en enero. Y en ese periodo de tiempo se procedería a la liquidación de la empresa actual, que presenta según las cifras de la Administración una deuda de 214 millones de euros, y se crearía una nueva, que sería la encargada de seguir adelante con la actividad naval.

Según fuentes de la negociación, la Junta de Andalucía ya cuenta con un empresario interesado en esa nueva etapa, un inversor que entraría con la condición de que se crease una nueva sociedad (una vez eliminada la elevada deuda). Con esa nueva compañía de fabricación de pequeños barcos, reparación y mantenimiento, junto el impulso a la instalación de nuevas empresas, la Administración autonómica espera mantener el empleo que hay en la actualidad.

Frente a este planteamiento, la compañía reiteró ayer a la Administración el suyo: vender Astilleros de Sevilla para reflotar Huelva. Para ello, se pasaría por un concurso de acreedores, en el que la empresa intentaría una quita de alrededor de un 50% de la deuda (la rebaja que se espera de los acreedores para el pago de la deuda). Y a partir de ahí solicita un préstamo participativo para seguir adelante con la actividad en Huelva.

Sin embargo, la Junta de Andalucía rechaza esa opción y da varios motivos a la empresa. El primero, que no hay compradores para Sevilla, sino inversores. El segundo, la quita propuesta: la sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (en la que participa la Junta de Andalucía) tiene avalados préstamos por valor de 200 millones de euros para Astilleros, por lo que sería su principal acreedor y el principal afectado por esa reducción de deuda propuesta. Pero además, el planteamiento autonómico pasa por la escasa viabilidad del astillero onubense como constructor de grandes barcos, debido a que, según fuentes cercanas al proceso, "carece de instalaciones, medios y organización para acometer contratos de construcción de barcos de una complejidad y tamaño como los quimiqueros".

El incumplimiento de plazos y la falta de capacidad financiera serían otros de los argumentos dados por la Administración para reclamar a los propietarios actuales que acepten la propuesta autonómica. En caso contrario, se advierte que la empresa está en "una situación crítica", con una elevada deuda, dos barcos paralizados y sin posibilidad de acceder a financiación. Por ello, los sindicatos también expresan su apoyo a la Junta, considerando su planteamiento en declaraciones a Europa Press como "el más acertado, ya que la empresa prefiere seguir como hasta ahora, lo cual generaría una situación de incertidumbre". Y el delegado del Gobierno, Manuel Alfonso, reclamaba ayer de nuevo "responsabilidad, compromiso y colaboración" a la compañía.