En tiempos de pandemia la necesidad y la picaresca se disparan. Ocurre en la provincia onubvense, por ejemplo, con los okupas, una coyuntura que tiene su reflejo en los tribunales. Tanto es así que la estadística Efectos de la crisis en los órganos judiciales, publicada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y analizada por Huelva Información, retrata esta realidad con un total de 52 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas ingresados en los órganos de Primera Instancia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre.

Y estos significan 22 más que en los primeros tres trimestres del ejercicio 2019, lo que deja un notable incremento del 73,4% en este tipo de causas contra los okupas. A finales de septiembre, la jurisdicción civil tenía sobre la mesa 96 expedientes en trámite, de los que ha resuelto 27 en los nueve primeros meses del año que está a punto de expirar.

Lo previsible es que estas cifras de causas contra los okupas vayan en aumento, toda vez que al inicio de 2021 comience a funcionar el Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación y de Asesoramiento para la Protección de la Vivienda, que amplía las atribuciones del actual Sistema Andaluz de Información y asesoramiento integral en materia de Desahucios (SAID).

Como ya avanzó hace dos semanas la coordinadora en Huelva de Ciudadanos, María Ponce, "es una barrera frente a la ocupación ilegal de viviendas, un problema de primer nivel para muchos onubenses que ven cómo sus casas le son arrebatadas por mafias y para los vecinos que tienen que soportar a los okupas, como ha ocurrido en el Molino de la Vega, en Huerta Mena o en Costa de la Luz".

La misma estadística del CGPJ incluye también los desahucios. Los juzgados de Primera Instancia practicaron 192 en el plazo analizado (enero-septiembre), 135 menos que un año antes (-41,3%). Aquí son dos los factores que influyen en el decrecimiento: de un lado, la parálisis judicial que se produjo en el segundo trimestre con motivo del estado de alarma y el confinamiento; de otra, el Real Decreto-ley de 31 de marzo, por el que se suspendieron los lanzamientos entre el 2 de abril y el 22 de junio para las familias más vulnerables.

Este siguió activo a partir de junio, pero desde entonces la suspensión del desahucio había que solicitarla de forma expresa. Hace apenas seis días el Estado ha prorrogado hasta el fin del estado de alarma –9 de mayo de 2021– la suspensión de los desahucios de alquiler de familias sin alternativa habitacional y del corte de suministros a la población vulnerable.

En Huelva el acumulado del año deja un total de 106 lanzamientos en casas y pisos alquilados, el 37,3% menos que de enero a septiembre de 2019. También menguaron los que tienen que ver con las ejecuciones hipotecarias: de 149 pasaron a ser 75, prácticamente la mitad.