15-M: Un año sin salir aún de la vía muerta

El 15 de marzo de 2019 miles de onubenses se echaron a la calle para reivindicar inversiones en infraestructuras para la provincia de Huelva. Hoy, un año después, aquella movilización queda lejana en el recuerdo, sin causar los efectos deseados. Las peticiones de entonces siguen siendo ahora las mismas y, prácticamente, siguen todas ellas en el mismo punto de partida, que cada vez queda más atrás. Como la propia Huelva, anclada en el olvido de la Administración, lastrada por su desventaja competitiva. Perdiendo oportunidades con el paso del tiempo.

Pocas perspectivas de solución hay para el caso onubense. Al menos en la situación actual. La herida sigue sangrando y la efeméride de hoy es una ocasión perfecta para recordar que queda mucho por hacer antes de que una respuesta efectiva responda a las demandas de la población.

De ésta, de los propios onubenses, surgió hace unos meses, en pleno verano, la iniciativa de revitalizar el movimiento a través de una plataforma ciudadana. Es de la que han partido las acciones reivindicativas más recientes, de mucho menor impacto, pero impulsadas con el mismo fundamento.

En paralelo, la actuación de la clase política está aún pendiente de una reunión de alto nivel en Madrid, ya en el nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del que dependen buena parte de las inversiones consideradas imprescindibles para que esta provincia empiece a despegar acorde a su potencial.

Ese 15-M de las infraestructuras, impulsado por empresarios y sindicatos, estuvo liderado por los dos principales estamentos de Huelva, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital. Sus responsables, Ignacio Caraballo y Gabriel Cruz, se comprometieron entonces a llevar esa lucha social a los despachos, continuándola con reuniones que trataran de arrancar un compromiso real y efectivo del Gobierno.

No ha ayudado el parón estatal que marcó casi todo 2019. El mes siguiente de la manifestación en Huelva hubo elecciones generales, y los problemas para formar Gobierno desembocaron en otra cita electoral a finales de año. La marcada sensación de provisionalidad no fue ajena al Ejecutivo en funciones y todo quedó aplazado.

Las tramitaciones administrativas que estaban ya en marcha sí continuaron, aunque nada trascendía de puertas afuera. Es el caso del buque insignia de las reivindicaciones, el proyecto de Alta Velocidad, del que no se ha tenido noticias hasta hace unas semanas, después de que se iniciara en julio de 2018 un largo proceso de exposición pública que ha llegado hasta este mismo mes de marzo de 2020.

Lo último que se ha conocido es que en sólo unos días, la semana que viene, el expediente, ya terminada esta fase, se trasladará de Transporte al Ministerio de Transición Ecológica para la tramitación y emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), imprescindible para que el proyecto pueda llevarse a licitación y ejecutarse. Huelva Información ya adelantó que el periodo de exposición pública contó con prórrogas en las que se han elaborado nuevos informes ambientales que deben despejar el camino que queda por delante. Esa extensión de los plazos acaba el día 27 de este mes pero será antes cuando se dé el esperado paso del traslado interministerial, según avanzó en Huelva hace quince días el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La pelota seguirá rodando pero del Gobierno dependerá que no se detenga innecesariamente y que pueda licitarse este mismo año al menos la redacción del proyecto, si fuera necesario.

Los Presupuestos Generales del Estado que deben aprobarse de aquí al verano serán la gran prueba de fuego para la Alta Velocidad y para el resto de proyectos considerados urgentes en la provincia. De hecho, puede que se acelere su aprobación y haya cuentas públicas antes de lo previsto por la crisis generada por el coronavirus, que ha obligado al Gobierno a movilizar casi 18.000 millones de euros en un plan de contingencia para hacer frente a los efectos de la pandemia. Y si el año pasado fue la parálisis en el Congreso la que afectó a las demandas onubenses, éste puede ser el COVID-19 el que frene el desarrollo de los proyectos pendientes.

No hay fecha anunciada de la reunión con Ábalos en Madrid pero tardará, a la vista de los acontecimientos actuales. De ésta depende la presión que se pueda ejercer para que las líneas ferroviarias de Huelva o el implorado desdoble de la N-435 tengan presencia en los PGE.

Hacia otro lado, otro Ministerio, van las reclamaciones para el campo onubense pendientes, con la ejecución del trasvase ya aprobado hace quince meses y el Canal de Trigueros, además del reinicio de las obras de la Presa de Alcolea, para el que se ha logrado un acuerdo de financiación entre el Gobierno central y el de la Junta de Andalucía este último año. Es necesario que a ambas se le de el impulso que no se le ha dado en este tiempo y estén también en los Presupuestos.

Más sangrante es el caso del desdoble del Túnel de San Silvestre, del que depende el suministro de agua para prácticamente toda la actividad económica de la provincia y que requiere de una actuación urgente que acabe con el riesgo de colapso en Huelva. Los agricultores exploran la vía de la financiación privada pero el acuerdo en la urgencia es generalizado y ya están decretadas como tal, para que el Gobierno se haga cargo de ellas e incluya partidas para su construcción en los próximos meses.

El año perdido desde el 15-M debe dar paso a una acción inmediata. Sólo queda esperar que el coronavirus no sea motivo para lastrar de nuevo el desarrollo de Huelva.