Los agentes niegan que recibieran sobornos por hacer la vista gorda

No recibieron dinero a cambio de mirar para otro lado con las presuntas irregularidades -vertidos, invasión de monte público, tala ilegal de árboles, construcciones ilegales, etcétera- que cometían supuestamente los seis empresarios de Moguer y Palos que desde ayer se sientan en el banquillo de la Audiencia provincial acusados de cohecho. Eso es lo que manifestaron ayer, ya en sesión de tarde, tres de los cuatro agentes de Medio Ambiente imputados en la llamada operación Canteras, quienes además de negar los sobornos trataron de dejar claro que ellos no tienen competencia real para perseguir delitos.

El primero en declarar fue el funcionario A.S.M., defendido por Gustavo Ardúan, abogado que solicitó al tribunal que adelantara el interrogatorio a la tarde de ayer por incompatibilidad con la asistencia a otro juicio con preso que se celebra en la Audiencia Nacional desde hoy. El agente forestal indicó que en 2006 la Junta de Andalucía los reunió en Huelva para indicarles la implantación de unas "fichas" de cuyo manejo quedaba exento el personal laboral -caso de los otros dos agentes imputados, J.R.R. y D.R.H.- en las que debían "describir la extensión de las fincas y lo que cada una contenía", sin más. Aseguró en este sentido que Medio Ambiente no le detalló el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) y "se nos dijo que hiciéramos la ficha, pero que no denunciáramos". De hecho, desde ese año en adelante y en referencia a las fincas de los empresarios acusados remarcó que "no observé un cambio sustancial de edificación ni de invasión de monte público en ninguna de las que yo inspeccioné".

Asimismo, A.S.M. declaró que fue el coordinador adjunto de la Unidad Biogeográfica 2, M.A.T., quien le indicó "que una empresa de áridos daba 3.000 euros a los compañeros para buscar canteras" y reconoció haber recibido dos botellas de vino de su tío político, el también imputado L.G.R., en un contexto distendido "en el que estábamos tomando café y nos llevó a su chalé para que lo viéramos porque nos dijo que quería venderlo".

El segundo en prestar declaración fue el coordinador de la Unidad 2, R.P.P., quien decidió contestar únicamente a su defensa y a la de los otros tres agentes medioambientales. Descartó que los dos laborales, J.R.R. y D.R.H., hubieran realizado nunca una ficha, "ya que no se les permitía" y añadió que ambos siempre iban acompañados por un funcionario. Dejó claro además que "no sabíamos nada del Potad porque no nos habían dado documentación" y se defendió diciendo que "nunca di instrucciones a nadie para que no denunciara". De hecho, su trabajo consistía en "ser prácticamente un cartero; yo no tenía función decisoria, porque el que distribuía el trabajo entre los agentes de campo era el coordinador adjunto", M.A.T., con el que reconoció no llevarse bien. "Tiene cosas contra mí y por eso me ha incriminado", espetó al tribunal.

El procesado admite que aceptó un conejo de L.G.R. "en un contexto de broma y familiaridad, porque lo conozco desde que era un chaval y no considero que un conejo sea un regalo, que no vale más de seis euros".

Con contundencia, R.P.P. remarcó que "no he recibido dinero alguno, ni por no denunciar ni por nada", y declaró que "tampoco hay ninguna denuncia que yo haya impedido".

Para ellos dos el fiscal solicita la imposición de una pena de cárcel de tres años, 13.200 euros de sanción y once años de inhabilitación para empleo o cargo público por delitos de cohecho continuado y por otro también continuado de omisión del deber de perseguir delitos.

El último testimonio oído en la sala fue el de J.R.R., laboral que "siempre acompañaba a un agente, nunca iba solo, aunque sí firmé denuncias como testigo". Negó que la Junta de Andalucía lo apartara de sus funciones en mayo de 2006 por borrar datos informáticos relativos al Potad de la oficina de Medio Ambiente en Mazagón, como indicó el fiscal, ya que "no sé ni encender un ordenador".

Sobre la estancia de sus animales en la finca El Morcillo, propiedad de uno de los imputados, M.G.F., indicó que "no me cobraban nada por tenerlos allí" y niega haber detectado la nave de 500 metros cuadrados que había en su interior ni los vertidos ni el aumento de la superficie de cultivo. Se llevó los caballos de allí y denunció estas actividades más tarde a Ecologistas en Acción, cuando el dueño de la finca "quiso mantener relaciones sexuales con mi pareja", una trabajadora de la explotación agrícola. Por aquel entonces, el agente ya no trabajaba en la zona.