La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso presentado por la asociación SOS Bebés Robados Huelva en noviembre de 2018, con el que el colectivo que representa a más de 180 familias afectadas en la provincia por la trama pretende que el Alto Tribunal revoque el archivo sistemático de los procedimientos en los órganos judiciales onubenses.

Como consta literalmente en la providencia a la que ha accedido Huelva Información, fechada hace solo dos días, “el presente recurso es admitido a trámite y declarado concluso”.

El próximo 30 de junio es el día señalado por la Sala para la deliberación y decisión sobre este transcendental recurso de casación, que tiene su base en la denuncia de la desaparición de un recién nacido alumbrado en el hospital Manuel Lois en 1992. La relevancia del análisis y la decisión del Supremo es indiscutible: de ser favorable a las víctimas podría significar la reapertura de los procedimientos. 

Hay que tener en cuenta que la Audiencia Provincial de Huelva unificó su criterio en 2012 y declaró prescritas todas las causas en las que hubieran transcurrido más de 15 años desde el nacimiento del menor, lo que condena al cierre a todos los expedientes. El bloqueo judicial se mantuvo hasta que en julio de 2018 el entonces presidente de la Sección Tercera onubense, José María Méndez Burguillo, asumió un voto particular en el que discrepaba con la opinión de sus colegas de cónclave, que un mes antes se ratificaron en su idea de que no existe el delito de detención ilegal en los casos de Huelva y que, de existir, ha caducado.

Para Méndez Burguillo “el delito de detención ilegal es un delito permanente” y, por lo tanto, el plazo de prescripción se debe mantener con el cronómetro a cero hasta que la víctima tenga conciencia de que es uno de aquellos niños robados, como siempre ha defendido la asociación que representa a los familiares de los menores sustraídos.

Corresponderá al magistrado Andrés Palomo ser el ponente de este asunto en el Supremo, un equipo que se completa con Julián Sánchez Melgar como presidente, Susana Polo, Carmen Lamela y Juan Ramón Berdugo.

La presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, Esperanza Ornedo, indicó ayer a este diario que la admisión de la casación “ha significado para nosotros un rayo de luz y esperanza, otra puerta que se nos abre en el camino de la verdad”. La noticia le ha sorprendido “cuando todo se creía acabado”.

Los padres de un bebé y Ornedo, con la Policía en el cementerio.

El abogado del colectivo, José Luis Orta, señala que “la admisión al Tribunal Supremo de un recurso se puede considerar en términos jurídicos como un éxito, pues el 80% de ellos no lo alcanzan. Significa que van a escuchar nuestros argumentos y se debatirá si deben reabrirse o no los temas de bebés robados que tantas familias anhelan”.

Después de un año y siete meses de espera para obtener respuesta del TS, enfatiza por su parte Ornedo, “creíamos que se había echado en el olvido. Increíble”. Para ella, que lleva años de lucha para encontrar a su hermana y que abandera la causa de decenas de familias onubenses, la admisión es un “reconocimiento”.

Subraya además el “gran trabajo” que supuso la elaboración del recurso para Orta, “apoyado desde el principio por José María Méndez Burguillo”, magistrado que “consiguió abrir esa puerta”.

La sed de Justicia de padres, madres, tíos y hermanos es insaciable y sigue intacta. “Son años de incertidumbre, tristeza y hasta rabia los que llevamos luchando para que se esclarezcan los hechos ocurridos en esta complicada causa”.

Ornedo apunta a la “urgencia” del pronunciamiento del Supremo para despejar el horizonte de los casos. Fundamentalmente porque “el tiempo se acaba para estos padres luchadores que no conciben la idea de partir sin haber conocido la carita de sus hijos porque, aunque estos niños ya son adultos, los padres siempre mantendrán el recuerdo de sus bebés, aquellos que, en algunos de los casos, vieron por unos instantes y que otros ni tan siquiera llegaron a conocer”.

No obstante, los afectados siguen tirando de paciencia y prudencia, con el deseo de que el Alto Tribunal “sentencie de forma favorable para que, de nuevo, se pueda investigar la causa y llegar al fondo de lo ocurrido. Necesitamos descansar”, añade la presidenta de SOS Bebés Robados.

El recurso de casación de la asociación se apoya en dos motivos principales: de un lado, en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías; y del otro, en la infracción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En relación al primer motivo, el colectivo de víctimas recalca que el derecho a la tutela judicial efectiva está presente en la Constitución y que no debemos olvidar que “nuestros casos se archivan sin llevar a cabo ningún trámite legal, ni tan siquiera citar al denunciado, investigar los hechos, sin diligencias policiales... nada”. El segundo de los motivos hace alusión a una manifiesta discrepancia con la prescripción de los delitos, especialmente cuando la mayor parte de las víctimas directas, aquellos bebés, ni siquiera son conocedores de que lo son.