El PSOE mantendrá en las listas a sus siete alcaldables imputados

El PSOE de Huelva mantendrá en sus listas ante las elecciones municipales del próximo 22 de mayo a todos sus alcaldes y candidatos imputados en la provincia de Huelva. La dirección del Partido Socialista lo dejó ayer claro después de que un juzgado de Valverde del Camino imputara por un presunto delito de malversación de caudales públicos a los nueve alcaldes que forman parte de la Mancomunidad del Andévalo, uno de ellos del PP, el de El Cerro, Juan Manuel Borrero. Los alcaldes socialistas andevaleños que tendrán que rendir cuentas ante la Justicia para aclarar diversos asuntos son el de Alosno, (Benito Pérez) Cabezas Rubias (Esteban Naranjo), Calañas (Fernando Recio), Paymogo (José María Infante), La Puebla de Guzmán (Antonio Beltrán), Santa Bárbara de Casa (Gonzala Gómez) y el de Tharsis (Lorenzo Gómez) y La Zarza (Francisco Martín). La mayoría de ellos repetirán luego como candidatos, excepto el calañés y el alosnero, a los que el partido ya les ha buscado sustitutos en las listas.

En la retahíla de imputados que lleva el PSOE en sus listas hay que añadir al actual alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán; a su concejal de Urbanismo, Miguel Novoa, y al ex alcalde de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez.

A esta lista de nombres se añade el único imputado en las filas del PP, Juan Manuel Borrero. Su partido también lo ha refrendado. Ayer mismo, el portavoz provincial, Guillermo García de Longoria, dijo que "irá en la lista". Y añadió que Borrero "está deseando prestar declaración en el juzgado para aclarar las prácticas que se utilizaban en la Mancomunidad. No hay que olvidar que él también ha denunciado a la institución, entre otras cosas, por no convocar plenos en tiempo y forma y otros asuntos".

La juez que instruye el caso de la Mancomunidad marca en su diligencia los días 4 de octubre y 1 de diciembre próximos como las fechas en que los ediles tendrán que desfilar por sus concurridas dependencias.

La denuncia fue presentada el 27 de julio de 2010 contra el presidente de la Mancomunidad (José M. Infante) y los alcaldes de los municipios que la componen y está relacionada con la adjudicación a Novasoft del contrato sobre prestación de servicios de teleaistencias al ciudadano. La adjudicación se realizó por un importe de 468.097 euros en un contrato que se formalizó el 19 de mayo de 2007. La implantación del sistema se llevó a cabo sin mayores complicaciones y la Mancomunidad de Municipios del Andévalo aceptó la finalización de los trabajos con fecha 28 de mayo de 2008.

Los problemas, según subraya la denuncia, surgen en el momento de abonar el importe del contrato, ya que una vez finalizados y aceptados los trabajos realizados no se produjo pago alguno, pese a contar la Mancomunidad con una subvención de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía de 418.823 euros.

La empresa Novasoft sospecha que estos fondos han sido desviados supuestamente a cualquier otro destino distinto a aquel para el que fueron concedidos y entiende que estas personas podrían haber cometido un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

Mientras, la Mancomunidad de Municipios del Andévalo Minero en Huelva aseguró ayer tras conocer el auto judicial que la situación que están viviendo, después de que el juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino haya imputado a los nueve alcaldes que forman parte de la citada Mancomunidad -ocho del PSOE y uno del PP- por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, tras la denuncia interpuesta por la empresa malagueña Novasoft Ingeniería el 27 de julio de 2010, se debe a "un problema de liquidez" debido a la situación de crisis.

Fuentes de la Mancomunidad señalaron que esta situación responde "única y exclusivamente" a un asunto relacionado con la denuncia interpuesta por una empresa informática. "El impago por parte de la Mancomunidad responde a un problema de falta de liquidez que viene motivado por la difícil situación económica que, lógicamente, afecta a las administraciones públicas y, sobre todo, a los ayuntamientos, máxime en aquellos municipios menores de 5.000 habitantes como es el caso de esta comarca, y a las mancomunidades", aseguraron las fuentes supramunicipales.

Consideran "un auténtico despropósito" que desde una empresa informática se vaya en contra de ayuntamientos de municipios tan pequeños como los de esta comarca que conforman la Mancomunidad, cuando "los alcaldes jurídicamente no tienen responsabilidad penal y menos que se les acuse de un posible delito de malversación o de corrupción".