El PP onubense es cauto al abordar la polémica suscitada por la pensión de incapacidad permanente absoluta que cobra Juan José Cortés, según consta en su declaración de bienes y patrimonio publicada por el Congreso de los Diputados.

Desde la formación recordaron ayer que la compatibilidad de esta pensión por incapacidad permanente absoluta de 25.780 euros con el salario de diputado será determinada por la Comisión del Estatuto del Diputado. Lo que sí sostuvieron en el partido es que este caso no es el primero.

El diputado del PP por Huelva ya aseguró el pasado lunes que se ceñirá a “lo que diga la ley y la justicia”. Así, si finalmente la comisión determina que es incompatible cobrar ambas prestaciones, tiene claro que seguirá como diputado asumiendo el dictamen del órgano porque para él es más importante y tiene más trascendencia el trabajo que puede hacer como diputado: “Lo que me preocupa es conseguir el objetivo de mi vida, que es dejar algo que sea útil para salvar la vida de los demás”.

En todo caso, Cortés defendió la legalidad de su pensión, toda vez que indicó que es “una persona honrada, que ha tenido sus empresas, ha cotizado a la Seguridad Social, ha pagado todos mis impuestos y, como un ciudadano más al que le detectan una enfermedad y que no puede desarrollar su trabajo, ha pasado los tribunales médicos y le han concedido una pensión que está en mi derecho de poder cobrar”.

Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, defiende la compatibilidad de cobrar ambas prestaciones. Así, el responsable ha dejado claro que, además, esa compatibilidad es algo que su organización defiende para el futuro.

Es más, el presidente del Cermi apuntó que otros diputados con pensión han podido ejercer su labor en la Cámara Baja a pesar de tener diagnosticadas incapacidades.

“Se trata de personas a las que un problema de salud, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo les impide seguir realizando la misma función que estaba haciendo o en la mismas condiciones”, explicó.

Para el comité, alguien que adquiere una incapacidad sobrevenida no debe ser expulsada del sistema laboral con una pensión pasiva, sino que se debería intentar “retener talento” y “la productividad de una persona”, reacondicionando el puesto de trabajo y el entorno laboral para que esa persona pueda seguir desarrollando su potencial.