“Soy una persona honrada, he tenido mis empresas, he cotizado a la Seguridad Social, he pagado todos mis impuestos y, como un ciudadano más al que le detectan una enfermedad y que no puede desarrollar su trabajo, he pasado los tribunales médicos y me han concedido una pensión que estoy en mi derecho de poder cobrar”. Así respondió ayer Juan José Cortés a la polémica suscitada por la pensión de incapacidad permanente absoluta que cobra y que le exime de presentar IRPF, según consta en su declaración de bienes y patrimonio publicada por el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Huelva Información, el diputado del PP por Huelva aseguró que es “una persona humilde, pobre y que vive al día” e insistió en que no se ha enriquecido con nada ilegal “porque si no, no tendría mis cuentas a cero”. Y es que en la declaración, además de la pensión por incapacidad permanente absoluta de 25.780 euros, también consta que Cortés tiene 16 euros en el banco, dos créditos un préstamo hipotecario, así como tres vehículos y dos locales comerciales.

Sorprendido y disgustado por los “ataques de discriminación” que dice haber sufrido, Cortés defendió su “integridad como ciudadano” y como “persona de la vida civil que siempre ha luchado por los derechos”. En este sentido, insistió en que lo único que quiere es, a través del escaño que ha obtenido en las elecciones generales, luchar por las personas más vulnerables de este país y que nadie viva la tragedia por la que él ha pasado. Así, aseguró que en esta nueva etapa de representación de los onubenses y de quienes han confiando en él para estar en el Congreso luchará por los intereses de los ciudadanos.

En cuanto a la compatibilidad o no de su pensión con el sueldo de parlamentario –cuestión que será dilucidada por la Comisión del Estatuto del Diputado–, el popular no se pronunció, ya que quiso dejar claro que se ceñirá a “lo que diga la ley y la justicia”. Así, si finalmente la comisión determina que es incompatible cobrar ambas prestaciones, tiene claro que seguirá como diputado asumiendo el dictamen del órgano porque para él es más importante y tiene más trascendencia el trabajo que puede hacer como diputado: “Lo que me preocupa es conseguir el objetivo de mi vida, que es dejar algo que sea útil para salvar la vida de los demás”.

Al respecto, insistió en que ha asumido el cargo de diputado por la confianza que le han otorgado los ciudadanos y, por lo tanto, la defensa de los intereses de los españoles es “mucho más importante” que una pensión o que cualquier remuneración económica”.

“Intento hacer un bien a todo el mundo y me gustaría que valorasen que yo incluso arriesgo una pensión para toda la vida por un escaño que es por cuatro años. Porque mi defensa por la justicia será para toda la vida y, entre otras cosas, esta lucha me ayuda a llevar mi enfermedad – que no a superarla, porque eso es algo que nunca se va a superar–. Yo no he perdido a una hija en unas circunstancias normales, sino en otras que son muy difíciles de asimilar”, argumentó.

A juicio del padre de Mari Luz, la labor que desempeña es “muy importante” porque de ella “dependerá la vida de muchas personas”, de modo que mantendrá su lucha “hasta el día que muera” para perseguir a “estos criminales y a las personas que cometen delitos graves porque de primera mano sé el gran daño que causan”.

Precisamente ayer, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, defendió la compatibilidad de cobrar ambas prestaciones y dejó claro, además, que esa compatibilidad es algo que su organización defiende para el futuro.

Es más, el presidente del Cermi apuntó que otros diputados con pensión han podido ejercer su labor en la Cámara Baja a pesar de tener diagnosticadas incapacidades. “Se trata de personas a las que un problema de salud, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo les impide seguir realizando la misma función que estaba haciendo o en la mismas condiciones”, explicó.

Para el comité, alguien que adquiere una incapacidad sobrevenida no debe ser expulsada del sistema laboral con una pensión pasiva, sino que se debería intentar “retener talento” y “la productividad de una persona”, reacondicionando el puesto de trabajo y el entorno laboral para que esa persona pueda seguir desarrollando su potencial.

A juicio de Cortés –quien el domingo anunció que llevará a la Fiscalía las “injurias, calumnias y amenazas” por parte de “algunos medios de comunicación y grupos radicales en redes sociales” en relación a sus ingresos– la postura del comité no hace más que reforzar el hecho de que él no está cometiendo ninguna ilegalidad. “Yo no he cometido ningún delito ni he hecho daño a nadie, así que no entiendo lo que está ocurriendo”, sostuvo.