Finalmente, se llevará a cabo un nuevo proceso de licitación para la explotación de la Zona de Ordenación Regulada de Aparcamientos (ORA ) y el servicio de retirada de vehículos de la vía pública. El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite el recurso que presentó la empresa Dornier SA contra la sentencia que a final del año pasado declaró nula su adjudicación (hecha efectiva en 2013, con el equipo de Gobierno de Pedro Rodríguez), según el documento al que ha tenido acceso Huelva Información.

Un hombre opera en una máquina de la zona ORA

Con carácter retroactivo, el Ayuntamiento de Huelva deberá aplicar esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y lo deberá hacer, como se puso de manifiesto en el escrito, con las garantías legales y los principios de igualdad y transparencia que “fueron vulnerados” en el proceso llevado a cabo por el Consistorio capitalino hace ahora cinco años.

La resolución del TS es firme y el Ayuntamiento ya trabaja con ese escenario, de forma que “cuanto antes” se pueda tener redactado un nuevo pliego de condiciones y todo lo necesario para sacar a concurso la nueva adjudicación, según el portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez.

Un caramelo en plena crisis

El proceso por el que se adjudicó al servicio a Dornier llegó en plena época de crisis y ponía en juego cerca de 2,5 millones de recaudación. Un caramelo. Pero la firma del contrato llevó aparejadas una serie de irregularidades como la “vulneración de principios de igualdad” o “arbitrariedad en la adjudicación”.

Según el fallo dictado por el Alto Tribunal andaluz, en el procedimiento se produjeron anomalías como la omisión de informes preceptivos cuyo contenido es determinante para la resolución. A ello se sumaron incumplimientos de las prescripciones legales de la Ley de Contratos, errores en la modalidad de la contratación o adjudicación del contrato porque, entre otras cuestiones, se obvió el informe de fiscalización.

El informe económico de valoración se llevó a cabo por el entonces jefe de la Policía Local

En el escrito también se apunta a que se emitió el informe económico de valoración por un órgano que sería incompetente para ello, como es el entonces jefe de la Policía Local; así como que se alteraron criterios de adjudicación y se omitieron en el expediente documentos como la memoria económica.

A pesar de todo ello, el pasado 31 de enero la empresa Dornier SA presentó un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia, en la que el Alto Tribunal andaluz ordenaba al Consistorio capitalino iniciar un nuevo procedimiento de licitación con respeto a las garantías legales y los principios de igualdad y transparencia que, a su entender, fueron quebrantados en el proceso llevado a cabo por el Ayuntamiento en 2013.

De hecho, el contrato se formalizó el 22 de octubre de 2013, tan sólo ocho días después de la notificación de la adjudicación a Dornier, que era la anterior concesionaria. Pero la empresa Estacionamientos Iberpark SA, que quedó en segundo puesto, interpuso un recurso contra esa adjudicación. Reclamaba la nulidad al advertir supuestas irregularidades. El TSJA también las vio y ahora el TS avala esa decisión.