Huelva

Medio Ambiente da luz verde al plan de Fertiberia para las balsas

  • El Ministerio cree "idóneo" el proyecto de la empresa, pero obliga a incluir mejoras propuestas por sus asesores. Emgrisa recomienda que no se permita el uso público de la zona durante 30 años.

Nuevo paso clave en el largo proceso para la restauración de las balsas de fosfoyeso: el Ministerio de Medio Ambiente ha dado luz verde al proyecto presentado por Fertiberia para la recuperación de la zona. El aprobado tiene condicionantes: el plan tendrá que incluir una serie de mejoras reclamadas por el Instituto Geológico y Minero (IGME) y la Empresa de Gestión de Residuos Industriales (Emgrisa) bien durante la tramitación ambiental del proyecto o bien durante su ejecución. Una vez que la Audiencia ratifica su visto bueno, sólo restaría una tramitación ambiental que se prevé agitada, dada la oposición social a la propuesta presentada.

La propuesta de la empresa pasa por eliminar completamente el agua (algo en lo que ya se ha estado trabajando) y controlar las escorrentías mediante todo un sistema de tuberías para que una vez revegetada la zona todo el agua que se vierta en la ría llegue sin contacto alguno con el yeso. El confinamiento se haría aplicando sobre las balsas una capa de polietileno de alta densidad para evitar la entrada de agua, cubriendo con arcilla y tierra y después reforestando la zona con plantas autóctonas. El objetivo es aislar los residuos de unas 400 hectáreas de marisma, las que corresponden a las denominadas zonas 2 y 3, las balsas aún activas. Además se actuaría también en la zona 4, Marismas de Mendaña, con la revegetación de algunas superficies. En total, un plan para 720 hectáreas de terreno que tendría un plazo de ejecución de una década, con otros treinta años de monitorización de la zona y drenaje de las balsas. El presupuesto estimado del proyecto es de 65,9 millones de euros.

El departamento presidido por Isabel García Tejerina ya dio una aprobación inicial a ese proyecto de clausura de las balsas de fosfoyeso presentado por la filial de Villar Mir en octubre de 2014, condicionada a la ejecución de estudios e informes complementarios. Así, se reclamaron una serie de trabajos, como un estudio final hidrogeológico de drenaje, otro de estabilidad dinámica, un análisis de riesgos y la relación de usos prohibidos y restringidos y un plan de vigilancia ambiental. La empresa entregó la documentación que faltaba el pasado 29 de enero y el Ministerio lo remitió a los dos organismos técnicos estatales, IGME y Emgrisa para su revisión. Y de acuerdo con estas conclusiones "considera oportuno valorar idóneo el proyecto constructivo de clausura de las balsas de fosfoyeso".

Ambos organismos aprueban el proyecto, sí, pero también hacen una serie de advertencias en sus informes, recogiendo nuevas mejoras a ejecutar en el proyecto presentado. Así, desde el Instituto Geológico y Minero se advierte que se considera necesaria la instalación de una escollera al pie de talud en las zonas perimetrales de las balsas a las que pudiera afectar un teórico tsunami, una medida que ya se apuntó en un informe anterior  y que Fertiberia no incorporó a su proyecto. Asimismo, alerta sobre el bajo grado de concreción del proyecto constructivo de las barreras de impermeabilización y sellado de las estructuras.

Además, el IGME constata la relación entre las balsas de fosfoyeso y la contaminación con arsénico y fosfatos de las aguas de la ría. Por ello, reclama que el proyecto de impermeabilización justifique cómo y en qué medida las actuaciones previstas van a redundar en una mejora de la calidad de las aguas de la ría del Tinto "dada la imposibilidad de realizar un sellado total de la estructura".

En cuanto al plan de vigilancia ambiental, los expertos del Instituto reclaman un estudio hidrogeológico con un año hidrológico completo (sólo se han utilizado unos meses para elaborar el trabajo), inspecciones periódicas del drenaje perimetral y la reubicación de algunos puntos de muestreo teniendo en cuenta las características hidroquímicas del río Tinto. Como reflejan en el informe, las concentraciones de metales en los sedimentos del Tinto "superan los valores de concentración o nivel de efecto probable para la vida acuática" establecidos en las guías internacionales, aunque recuerdan que en este caso están relacionadas en mayor medida con la precipitación de metales del río que con las balsas.

En su análisis de los riesgos medioambientales, Emgrisa va un poco más allá y apuesta por crear una suerte de zona de exclusión en las balsas restauradas durante los 30 años de control tras la clausura: recomienda no permitir el uso público del emplazamiento hasta que pase ese periodo y, pasado ese periodo, realizar una nueva evaluación de riesgos ambientales para confirmar o modificar la prohibición de uso del emplazamiento. Una advertencia que chocaría con la reivindicación de administraciones y vecinos de poder destinar esa superficie a un uso ciudadano, como zonas verdes u otros.

Emgrisa avisa también de la necesidad de controlar otra afección de las balsas, la provocada en el agua, para lo que reclama una estimación del impacto que las descargas de agua de los fosfoyesos tienen la calidad química de las aguas del entorno  y plantea limitar cualquier uso de las aguas que procedan de las balsas, tanto superficiales como subterráneas. No entra a valorar la radiactividad detectada en el agua que rodea los fosfoyesos, pero pide que la analice el Consejo de Seguridad Nuclear.Emgrisa hace, asimismo, una recomendación sobre el plan de vigilancia ambiental: debe incorporar controles sobre la cobertera vegetal, evitando que las raíces dañen la impermeabilización de los fosfoyesos, y sobre las pérdidas de suelo por erosión.

Con estas exigencias sobre la mesa, en las que Fertiberia asegura estar trabajando ya, el Ministerio da su visto bueno al proyecto y el reloj de la restauración vuelve a correr, apuntando al inicio de la tramitación ambiental. Antes, la Audiencia Nacional tiene que emitir un pronunciamiento y resolver los recursos planteados. Una vez resuelto definitivamente el trámite judicial, será el Ministerio de Medio Ambiente el primero que aborde la adecuación ambiental del proyecto, con la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental. A continuación la Junta de Andalucía tendrá que hacer lo propio con la modificación de la Autorización Ambiental Integrada.

Es en los procesos de información pública de estos dos procedimientos en los que las distintas partes interesadas (administraciones, colectivos y ciudadanos) podrían presentar alegaciones y para los que se espera contar con el informe del comité de expertos independientes mandatado por la Mesa de los Fosfoyesos. No obstante, los expertos esperan aún la subvención que les permita ejecutar los trabajos planteados.

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