"El proyecto es inejecutable" y, dadas las puntualizaciones recogidas en los informes de IGME y Emgrisa "nos preguntamos cómo es posible que el Ministerio le haya dado el visto bueno". El portavoz de la Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, hacía ayer esta reflexión tras anunciar que Medio Ambiente había dado el visto bueno al plan de Fertiberia para restaurar la marisma. Como parte personada en el proceso, la Mesa de la Ría anunciaba que recurrirá la decisión en cuanto la ratifique la Audiencia Nacional; también lo hará el colectivo ecologista WWF, personado desde el principio del procedimiento judicial.

La Mesa de la Ría recordó que la Audiencia aún tiene que resolver un recurso presentado por el colectivo, así como un incidente de ejecución. Además, en los próximos días alegarán ante el Tribunal Supremo al recurso que presentó Fertiberia contra el aval impuesto de 65,9 millones de euros, un aval que a juicio de Gavilán "ahora debería elevarse".

Para Gavilán, los informes elaborados para evaluar el proyecto ponen de manifiesto una serie de impedimentos para su ejecución al constatar "las filtraciones de arsénico al río Tinto desde las balsas de fosfoyesos, también la alta radiactividad de las aguas internas de las balsas, además del riesgo de que un hipotético tsunami afecte a la zona, entre otras cuestiones". Ante ello, "somos optimistas en la batalla legal que aún queda por desarrollar", aseguró.

WWF insistía en esos argumentos y apuntaba otro en negativo: la advertencia de Emgrisa de que los terrenos no deberían usarse en 30 años. "Esto no es una restauración de la marisma, sino que estamos desplazando el problema de contaminación a las generaciones futuras", señaló la directora del departamento legal de WWF, Rita Rodríguez, recordando además que tras esos 30 años habría que hacer otro estudio. Las carencias del estudio hidrogeológico o la ausencia de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear son otros motivos de peso para considerar que el plan "no está acabado", a juicio de Rodríguez. "Tienen que identificarse los problemas y ponerse las medidas antes de aprobar el proyecto, no después", remarca.

Por su parte, Greenpeace consideró "inadmisible" el visto bueno al proyecto y apuntaba a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina (también lo hizo la Mesa): "La ministra, ahora en funciones, no puede aprobar una actuación de este calibre y más a la empresa de la que fue directiva. Es una decisión que trasciende su mandato y que implica sentenciar a Huelva".