La Junta de Andalucía, a través de varios departamentos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha respondido a través de varias alegaciones, al informe sobre el proyecto constructivo de las clausura de las balsas de fosfoyeso presentado por Fertiberia y en ellos, según los documentos a los que ha tenido acceso Huelva Información, descalifica todos y cada uno de los puntos esgrimidos por la empresa para recuperar dichas zonas. Las expresiones utilizadas en las alegaciones dejan poco margen a la interpretación, ya que hablan directamente de “fraude ambiental”, “cuestión que no es cierta” o “propuesta un tanto absurda”.

Los informes del Ejecutivo autonómico dejan más que en entredicho las intenciones de los responsables de Fertiberia quienes el pasado día 14, presentaron las características de un plan que pretendía dar respuesta a las más de 1.300 alegaciones que se han presentado al mismo. Las de la Junta son especialmente trascendentes, toda vez que es uno de los organismos que deben conceder las autorizaciones pertinentes para una regeneración que parece muy alejada.

El primero de los documentos, emitido por el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación territorial de Medio Ambiente y con fecha 1 de octubre, desgrana todas las actuaciones propuestas por Fertiberia y recogidas en el informe de 28 de marzo en los que se alegaba a las consideraciones establecidas en la documentación que remitió la Consejería al Ministerio homólogo. Son las páginas de la 35 a la 58 las que afectan al departamento onubense quien replica a las mismas una por una.

Balsa de fosfoyeso en una imagen aérea

Así, en lo relativo a la restauración de la zona 4, la Junta recuerda que Fertiberia esgrime el auto de la Audiencia Nacional que “declaró expresamente que no había lugar a realizar otras actuaciones en la zona que las contempladas en el proyecto de clausura de las balsas”. El informe de la Delegación da por sentado “que la zona se encuentra en las 720 hectáreas de las concesiones otorgadas a Fertiberia en 1967 y 1968, las cuales deben ser recuperadas en su totalidad”.

De la misma manera, recuerda que la Evaluación de Impacto Ambiental, “no es un seguimiento de aspectos jurídicos, los cuales se dan por hecho que han de cumplirse, sino un pronunciamiento ambiental sobre una superficie de 720 hectáreas”. La Junta responde también a la Abogacía del Estado que el 5 de abril de 2006 manifestó que la zona ya estaba restaurada, a lo que la Junta reconoce que “desconoce en qué criterio técnicos se basa para tal afirmación o qué resolución u organismo competente avala tal cuestión, ya que es cierto que la zona cuenta con un presellado pero en ningún paso una solución técnica”, algo que a su juicio provocaría un “fraude ambiental, al no valorarse en el procedimiento obligado por la Audiencia Nacional”.

De la misma manera, señala que “Fertiberia está cayendo en una contradicción, ya que por un lado ofrece para las zonas 2 y 3 un proyecto que vende como la mejor técnica disponible y no lo quiere aplicar a la zona 4 sabiendo que lo ejecutado en esa zona no es, ni de lejos, parecido al previsto para las otras dos y que dicha zona cae dentro de las concesiones de dominio público otorgadas en su día por la administración”.

Tampoco comparte la Delegación lo que, según Fertiberia, atribuye a la Audiencia Nacional en lo que respecta a declarar que no había lugar a otras actuaciones en la zona 4 que las contempladas en su proyecto. “Si esto fuera así, la Audiencia Nacional se habría convertido en un órgano que valora técnica y medioambientalmente el contenido de un proyecto”, una cuestión que corresponde a la Administración General del Estado en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, según el mismo documento consultado por Huelva Información que concluye en este apartado con que “el contenido técnico determinado para la misma es a todas luces insuficiente”, ya que la zona no está restaurada.

Labores de desecación en una de las balsas

Tampoco comparte el contenido que Fertiberia destaca en su informe sobre la zona 5, limítrofe con la 3 y que ha sufrido años de contaminantes, sobre todo por el agua que discurría a través de tubos ubicados bajo el camino de separación de ambas zonas y de las filtraciones existentes, algo que corroboran los análisis de la propia Fertiberia que detectaron concentraciones apreciables de fluoruros, ortofosfatos y sulfatos, así como niveles de arsénico, cobre, plomo, vanadio y talio superiores a los niveles genéricos de referencia.

En el informe de la empresa se reconoce que “dicha influencia podría venir determinada por el transporte de partículas de fosfoyeso desde las balsas a la zona 5, bien por acción del viento o de las escorrentías superficiales”. La propuesta, según la zona “es un tanto absurda, ya que por un lado plantea realizar nuevos muestreos para evaluar la situación y acto seguido determina sin mas, que se retiraría una capa de 15 centímetros de suelo, lo cual no tiene ni base ni fundamento alguno”. Además, añade que la Audiencia “no prohibe la recuperación de esta zona altamente contaminada, por lo que se puede invocar la restauración a través de acciones o procedimientos oportunos”.

También señala que “el hecho de no evaluar ambientalmente de manera conjunta el proyecto que contemple todas las zonas afectadas con el contenido adecuado cada una de ellas, podría llevar al fraccionamiento de proyectos, hurtando la exigencia de su evaluación ambiental conjunta, lo cual es contrario a la legislación que regula los procesos de evaluación ambiental y que es una estrategia que se ha intentado también en el proyecto del gasoducto de Doñana.

Por último, la Delegación entra a valorar los aspectos contenidos en materia de atmósfera, apartado en el que sostienen que “siguen manteniendo que el Plan de Vigilancia y Control propuesto presenta bastantes carencias” y “entendemos que las actuaciones podrían generar resuspensión de partículas de fosfoyeso y de otro tipo que deberían ser sometidas a un plan de control de los parámetros que indique la legislación” y que tendría que incluir partículas de flúor en gaseoso total, flúor en material particulado y metales, con objeto de comprobar l posible afección a la calidad del aire en el entorno de las instalaciones limítrofes con la población”, en este caso del término municipal de Huelva.

En cualquiera de los casos, “en el perímetro de actividad se deberán controlar las emisiones no canalizadas, realizándose determinaciones de las partículas en suspensión y sedimentables”. El informe de la Delegación concluye con la propuesta de que “todas estas actuaciones de control deberán intensificarse durante la época estival”.