Como si no fuera bastante la visión de más de 1.200 hectáreas de espejo blanco, de residuos más o menos peligrosos, de una política de gestión ambiental que aunque pasó a la historia dejó una herencia de su paso por la ciudad, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) colocó a última hora de la tarde del miércoles a Huelva en el primer lugar en una dudosamente honrosa clasificación entre aquellas provincias españolas en albergar suelos contaminados con materiales radiactivos. Si los fantasmas de Palomares se asoman a los medios de comunicación como un ejemplo de una herencia envenenada, la pedanía almeriense palidece con sus 40 hectáreas respecto a las más de 1.200 de las balsas de fosfoyesos en las que se han detectado trazas de radio-226 y los 1.600 metros cuadrados de las Marismas de Mendaña en el estuario del río Tinto, antes de su confluencia con el Odiel con presencia de cesio-137, procedentes de las cenizas de la fábrica de Acerinox después del escape que tuvo lugar en la localidad de Los Barrios en mayo de 1998 y que fueron depositados en ese lugar.

De hecho, de las seis áreas que el CSN mantiene bajo vigilancia en toda España, dos se encuentran en la provincia de Huelva. Lo que, al menos hasta ahora, ha impedido que dichos terrenos hayan sido declarados como contaminados, es la "ausencia de una regulación específica sobre terrenos afectados por la radiactividad" y aunque su presencia está plenamente confirmada por sus estudios, "no existe un riesgo efectivo significativo para la población". En todos estos lugares y "ante la ausencia de regulación específica", el CSN explicó que ha conseguido actuar "caso por caso" y en función de su riesgo o impacto radiológico potencial, con el objetivo de garantizar la protección radiológica de la población y del medio ambiente.

Así, el organismo indicó que ha llevado a cabo acciones para determinar el riesgo radiológico, mediante el estudio de las posibles situaciones que puedan dar lugar a la exposición de la población y estableciendo en cada caso las acciones necesarias, como son el requerimiento de programas de vigilancia o el establecimiento de restricciones de uso del terreno. Según la normativa vigente, la clasificación de un terreno como contaminado requiere una declaración explícita de la autoridad competente, una vez que se ha verificado que la contaminación presente en el terreno está por encima de niveles previamente determinados y establecidos en la normativa. No obstante, actualmente no existe una regulación específica sobre terrenos contaminados radiológicamente. En este sentido, la necesaria modificación de la Ley de Energía Nuclear y el Real Decreto sobre suelos contaminados con radiactividad se encuentra en tramitación por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

Según el CSN, la aprobación de la reglamentación facilitará la puesta en marcha de las actuaciones pertinentes y necesarias para la declaración de los terrenos afectados por contaminación radiactiva y, en su caso, la determinación de las acciones de limpieza o restricciones de uso, o bien la declaración de libre uso. Por ello, señaló que el marco regulador relacionado con los terrenos con presencia de radiactividad en España "debe completarse adecuadamente" para que obligaciones dirigidas al CSN "puedan llevarse a cabo con las garantías suficientes en términos de seguridad jurídica".

Además de los terrenos en Huelva y Almería, el CSN vigila también un paraje de El Hondón en Cartagena y localizaciones en las provincias de Madrid y Toledo, en concreto en las márgenes de las conocidas como Banquetas del Jarama.