La Junta y los arqueólogos llevan a la Fiscalía el nuevo expolio del Seminario

La Delegación de Cultura de la Junta ha denunciado ante la Fiscalía el nuevo expolio, esta vez en dos parcelas públicas, del yacimiento del Seminario -concretamente, en el sector B3 Santa Marta-La Orden-, denuncia que también llevará ante el Ministerio Fiscal la sección de arqueólogos colegiados de Huelva y Sevilla, integrados en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.

En el mismo sector, justo delante de estas dos parcelas (una de la Administración autonómica y otra del Ayuntamiento), ya se registró hace cuatro meses otro episodio de este tipo, al extraerse tierra para llevarla a las obras de la estación. Toda la zona está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz dentro de la Zona Arqueológica de Huelva, siendo Bien de Interés Cultural (BIC).

Según señalaron ayer fuentes de la Consejería de Cultura, desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los hechos se actuó bajo el paraguas de la normativa andaluza en materia de patrimonio histórico. De este modo, la Delegación de Cultura denunció el viernes lo ocurrido ante el juzgado de guardia y el Seprona, denuncia que ahora ha sido también elevada a la Fiscalía.

Aunque el Pleno municipal del Ayuntamiento capitalino, a iniciativa de Ciudadanos, acordó en enero obligar a todos los dueños a vallar las parcelas, los suelos de la Junta y del Consistorio estaban sin vallar. Al respecto, desde la Administración local recordaron ayer que, tras lo ocurrido, se ha instalado una valla provisional en su parcela, hasta que se ubique la definitiva "lo antes posible". Fue precisamente personal del área municipal de Urbanismo el que el jueves alertó de los últimos movimientos de tierra a la Junta, por lo que un grupo de técnicos inspeccionó la zona al día siguiente.

Los policías locales y los técnicos de Urbanismo identificaron a un maquinista con una retroexcavadora realizando las actuaciones sin autorización alguna. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que todo apunta a que los trabajos iban destinados a adecuar un espacio para usar la zona como aparcamiento, dada la cercanía de un mercadillo de venta ambulante.

Una vez que se tuvo constancia de la falta autorización para las actuaciones, la autoridad urbanística decretó la paralización de la actuación, tras lo cual se han iniciado los trámites para la apertura de los expedientes de protección de la legalidad urbanística, así como los sancionadores a los responsables del movimiento de tierra en las dos parcelas.

Tras el suceso, los arqueólogos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Huelva y Sevilla convocaron una reunión de urgencia el pasado domingo. En la misma, los expertos concretaron los pasos a seguir desde la institución, al entender que lo ocurrido en ambas parcelas "no hace más que evidenciar las grandes carencias que tenemos en Andalucía para proteger el inmenso patrimonio arqueológico del expolio y la destrucción".

Según señaló el responsable de esta sección, Jacobo Vázquez Paz, los atentados patrimoniales en Andalucía, lejos de ser hechos aislados, son un constante goteo desde hace ya más de dos décadas. Expolios que, según alertó, son achacables tanto a intereses particulares como de las administraciones, aunque "muchas veces no son otra cosa que una falta de comunicación, después de más de 30 años de competencias, entre las propias administraciones públicas".

De este modo, manifestó que los arqueólogos han constatado que los ayuntamientos o consejerías no informan convenientemente a la Consejería de Cultura sobre las obras o movimientos de tierra que se realizan, y así se afecta o destruye en ocasiones el patrimonio arqueológico sin que luego se derive responsabilidad alguna.

Aunque Vázquez Paz aseguró desconocer si este es el caso de los dos expolios sucedidos en El Seminario, anunció que solicitarán a la Fiscalía que al menos investigue si pudieran existir responsabilidades "más allá de la del maquinista", ya que "es seguro que el movimiento de tierras fue encargado por un tercero, ya sea particular o personal de la Administración pública". De cualquier forma, para los arqueólogos, este nuevo episodio deja claro que los propietarios de los terrenos expoliados, la Junta y el Ayuntamiento de Huelva, "no han cumplido con su deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores, como la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, negro sobre blanco, establece".

Más allá de este episodio, los arqueólogos denuncian que en la práctica no existe por parte de la Junta y los ayuntamientos una verdadera política de gestión, protección y conservación del patrimonio arqueológico: "Han dedicado todos estos años a burocratizar y eternizar los trámites de actuación sobre el patrimonio poniendo dificultades y trabas a los profesionales e investigadores, pero han desatendiendo la realidad física y territorial de los yacimientos". En este sentido, Vázquez Paz señaló que, salvo excepciones, las administraciones "jamás han desarrollado una verdadera política de protección a pié de campo" y los hechos del Seminario "no son más que la punta de un iceberg".