La nueva Ley de Costas salvará en Huelva a 800 viviendas y 70 chiringuitos de todo el litoral que se encuentran en dominio público. Ya no hay peligro de demolición sobre los inmuebles, al menos durante 75 años, periodo en el que se amplía la concesión estatal.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley que reforma la actual Ley de Costas que da una tregua a los propietarios de zonas onubenses como La Antilla, Punta Umbría, El Rompido y Mazagón. Sobre ellos pesaba la amenaza de quedarse sin vivienda después de varias décadas en caso de que la legislación de 1988 comenzara a ejecutarse con derribos en primera línea de playa.

El proyecto, además, contempla el indulto expreso del Gobierno al núcleo de viviendas construidas junto a la Ría de Punta Umbría, beneficiado también por la reducción de la zona protegida de 100 a 20 metros, así como al casco urbano y el Caño del Cepo en el municipio de Isla Cristina.

Una de las consecuencias más visibles para los propietarios afectados es la posibilidad de realizar operaciones de compra-venta con los inmuebles, que hasta el momento estaban vetadas.

En España serán cerca de 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas los que se salven con la nueva Ley. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, justificó ayer en rueda de prensa la reforma al asegurar que la norma anterior, de hace 24 años, no ha cumplido "debidamente" sus objetivos de protección del litoral y del medio ambiente y ha creado "inseguridad jurídica".

La reforma, según explicó, pretende proteger la riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas, y además destacó que la Comisión Europea ha valorado muy positivamente este nuevo texto.

Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma.

El proyecto, valorado por la Comisión Europea por la seguridad jurídica que da a los propietarios extranjeros pero criticada por las ONG, amplía las concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes, hoteles..) que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre.

Para los chiringuitos de playa desmontables la autorización será de 4 años cuando antes era de 1. Se estima que sólo en Andalucía, tanto los fijos como los desmontables generan más de 40.000 empleos. Además, es probable que en adelante se permita ampliar la superficie de estos establecimientos.

La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018.

La nueva ley va a permitir también que los concesionarios de estas casas podrán venderlas y hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni altura.

Así por ejemplo, y entre otras, serán beneficiados todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo Empuriabrava (Cataluña), quienes habían elevado una queja ante el Parlamento Europeo.

Según Medio Ambiente, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo, y más de 1.700 son ocupaciones industriales. Estas industrias (químicas, extractivas, textiles, energéticas...) deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión.

Entre las novedades de la futura norma destaca la llamada "cláusula antialgarrobicos", que supondrá tolerancia cero frente a las agresiones en la costa y permitirá actuar al gobierno frente a los acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.

Otra novedad es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas.

También se evita que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público. Para ello se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.

Formentera tendrá un deslinde especial por su configuración geológica, y se excluye del dominio las dunas artificiales y las muertas, lo que podría tener repercusiones en el dominio de Doñana, y las salinas.