El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció ayer que derribar la construcción de la promotora Azata en el paraje de El Algarrobico, en la costa de Carboneras, Almería, cuesta 7.175.000 euros.

Arias Cañete explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el proyecto de Ley de Costas que el Ministerio y la Junta habían pedido un "primer presupuesto" que ha arrojado ese coste de 7.175.000 euros y que ambas administraciones están "plenamente de acuerdo" en actuar en este caso.

Cabe recordar que el Ministerio y la Junta de Andalucía acordaron a principios del pasado mes de julio encargar a Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona.

El ministro incidió en que si los tribunales establecen definitivamente la ilegalidad de la construcción, que la licencia le fue concedida ilegalmente y que procede la demolición, el Gobierno y la Junta "han llegado a un acuerdo para proceder conjuntamente en su demolición".

El ministro dijo que el Algarrobico es "la prueba evidente" de que esta nueva Ley de Costas servirá para actuar y demoler "todo lo que sea ilegal" en la costa. "Va a cambiar todo, lo ilegal será demolido", dijo el ministro, que añadió, en alusión a los chiringuitos que, además, "lo que era legal que estaba sometido a concesión se prorrogará a petición de sus titulares".

Arias Cañete recordó también que la futura Ley de Costas incluye la denominada cláusula antialgarrobicos, que regula la posibilidad que tiene el Gobierno de suspender actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar "situaciones irreversibles" siempre dando la última palabra a los tribunales.

Al respecto, recordó que ayuntamientos han dado licencias de construcción en contra legislación que luego han generado "situaciones muy complicadas de volver atrás", como es el caso del hotel de Azata, que el ministro calificó de "emblemático" en cuanto a la necesidad de poner en marcha mecanismos que permitan dar más seguridad jurídica y más facultades al Gobierno para que se aplique la Ley de Costas.

La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, por su parte, aplaudió que ya se sepa "cuánto cuesta demoler" la construcción de Carboneras, pero indicó al Ministerio que ha llegado el momento de "la acción".