El Gobierno de España distribuye 668.500 kilos de alimentos entre 25.677 familias desfavorecidas de la provincia de Huelva, a través del Programa de Ayuda Alimentaria, un plan financiado con fondos europeos y de la propia Administración central y que impulsa el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Estas 668,5 toneladas de alimentos forman parte de la tercera y última de las tres fases del Programa de Ayuda Alimentaria 2017, una iniciativa que desarrolla cada año el Gobierno y que tiene como objetivo contribuir a promover la cohesión social, reforzar la inclusión social y llegar a alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza.

25.677Núcleos familiares. Éstas son las familias onubenses que se benefician de este programa

Estos 668.500 kilos de productos de primera necesidad suponen una inversión de casi 726.200 euros que están cofinanciados en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el Gobierno de España a través de los Presupuestos Generales del Estado.

La subdelegada del Gobierno de España en Huelva, Asunción Grávalos, resaltó la labor que lleva a cabo tanto el Banco de Alimentos como Cruz Roja para el correcto desarrollo de este programa, ya que, a través de sus centros de almacenamiento y distribución, se reparten los alimentos que reciben del FEGA entre las 109 asociaciones de la provincia que, a su vez, los hacen llegar directamente a las personas que lo necesitan.

"La tarea que desempeñan los voluntarios del Banco de Alimentos, de Cruz Roja y de estos 109 colectivos sociales merece el reconocimiento y el aplauso de todos los onubenses", subrayó Grávalos, tras valorar el "extraordinario compromiso social" de todas estas organizaciones "que están siempre cerca de quienes necesitan de su ayuda para salir adelante".

Los alimentos se distribuyen de forma gratuita entre los más desfavorecidos, es decir, a individuos, familias o grupos que se encuentran en situación de pobreza económica, así como a las personas sin hogar y otras en situación de especial vulnerabilidad social. Esta circunstancia se determina mediante informe de los servicios sociales públicos o por trabajadores sociales.