Detrás de la huelga indefinida que vive desde ayer Portugal y que salpica a Ayamonte se encuentra el conflicto entre los transportistas de mercancías peligrosas y la patronal del sector, la Asociación Nacional de Transportadores Viales de Mercancías (Antram), los cuales a pesar de llevar meses negociando, los desacuerdos entre las partes sobre mejores salarios y derechos de los trabajadores ya motivaron una huelga de transportistas el pasado mes de abril que dejó gasolineras secas, aviones que tuvieron que repostar en España y problemas en el transporte público.

El Gobierno luso llama a la situación “crisis energética”. De hecho, como pudo comprobar este periódico, en los surtidores de una gasolinera de Vila Real de Santo António podía leerse ayer un cartel que literalmente rezaba: “Crise energética. Abastecimiento limitado a 25 litros. Em cumprimento das determonaçôes do Governo portugués, na sequência de declaraçâo de crise energética efetuada ao abrigo do Decreto-Lei nº 114/2001, de 7 de abril”.

Los conductores pueden acceder a un máximo de 15 litros de gasolina o diésel por llenado en estaciones de servicio especialmente designadas y 25 litros en todas las demás estaciones, aunque en la mayoría de los casos el combustible está ya agotado.

La adhesión a la huelga en este momento no alcanza el 1%, según ha indicado un portavoz de la Asociación Nacional de Transporte Público por Carretera de Portugal al periódico luso Diario de noticias. No obstante los convocantes elevan esta cifra hasta el 80% en medio de acusaciones contra el Gobierno y las empresas de sobornar a los transportistas para que cumplan con los servicios mínimos.

“Los trabajadores están siendo sobornados. Hay policías y ejército escoltando los camiones. No fue el sindicato el que rompió los servicios mínimos, sino las empresas y el gobierno, que violaron el derecho de huelga”, ha afirmado Pedro Pardal Henriques, vicepresidente del Sindicato Nacional de Conductores de Materiales Peligrosos (SNMMP), convocante de la huelga, al mismo rotativo portugués.

El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, afirmó ayer a través de su cuenta de Twitter que los servicios mínimos se están cumpliendo “con cortesía y normalidad”, por lo que hasta ahora no ha sido necesario decretar la Solicitud Civil, ante la que cualquier persona que no cumpliera los servicios mínimos estaría incurriendo en un delito de desobediencia. “Espero que las partes puedan sentarse a la mesa y avanzar en las negociaciones, que son cruciales para superar este conflicto”, agregó.

El pasado sábado, el primer ministro también afirmó, tras un gabinete de crisis con varios miembros de su Ejecutivo para coordinar la respuesta a la situación, que “la huelga no dejará de afectar al día a día de los portugueses”.

Hoje, em reunião extraordinária da coordenação política do @govpt, avaliámos os possíveis impactos da anunciada greve dos motoristas de matérias perigosas. Garanto aos portugueses que o @govpt tomou todas as medidas, legais e operacionais, para minorar os efeitos da greve. pic.twitter.com/lAqi3yRQMU

— António Costa (@antoniocostapm) 10 de agosto de 2019

El país tiene reservas para tres meses, según el Gobierno, pero el problema está en su transporte hasta los puestos de abastecimiento. Los transportistas de camiones cisterna, por su parte, han afirmado que la huelga continuará hasta que la patronal Antram haga una “propuesta razonable”. “Hasta entonces, atacaremos por un día, una semana, un mes, el tiempo que sea necesario”.

La huelga de los transportistas está convocada por periodo indefinido, por lo que, si no es desconvocada, la situación de emergencia energética se extenderá al menos hasta el 21 de agosto, según decretó el Ejecutivo luso.