Giahsa opta por la vía del fondo de inversión para su supervivencia

El futuro de Giahsa parece pasar inevitablemente por la operación de préstamo por parte del fondo de inversión británico Taconic Capital. Tras semanas de debate y después de haber desechado el concurso público para la privatización de la gestión de la empresa, PSOE e IU están de acuerdo en llevar adelante esta cuarta vía para hacer frente a una deuda de 45 millones de euros y a las amenazas de salida de los ayuntamientos para sacar a concurso sus propios servicios de aguas como forma de hacer caja. Y para ello, tratan de amarrar los apoyos políticos imprescindibles: los alcaldes tienen la decisión en sus manos.

La opción de Taconic Capital fue debatida por la permanente de la Mancomunidad de Servicios de Huelva, la titular de Giahsa, hace unas semanas. Si anteriormente se había planteado como una posibilidad y se aseguraba estar estudiando distintas fórmulas, ahora se configura como la única salida posible después de haberse aparcado las ofertas recibidas por parte de empresas del sector para hacerse con la gestión de Giahsa. Desde el ente instrumental público se considera que esas propuestas no se ajustan a sus necesidades; en el otro lado de la balanza, IU, socio socialista de gobierno en la Junta de Andalucía pero también apoyo vital para el PSOE en la Diputación, había advertido que no admitiría una privatización del servicio.

El debate se sitúa principalmente en las condiciones en las que se producirá el desembarco del fondo de inversión. Inicialmente se había planteado un préstamo de en torno a 70 millones de euros con un tipo de interés del 14% y un plazo de amortización de 13 años, condiciones que supondrían fuertes subidas de las tarifas de un 7,5% este año, un 4,5% en 2014 y un 3,5% en 2015. Sin embargo, ahora se trabaja con la intención de subir los precios del agua poco más del IPC y con un plazo de amortización menor, buscando las condiciones menos gravosas posibles. Todo está aún abierto, aseguran fuentes conocedoras del proyecto, aunque la intención es cerrar el proceso lo antes posible, quizás tomar una decisión este mismo mes.

Una pieza clave en el entramado de salvación de Giahsa sería el nuevo plan de pago a proveedores que prepara el Gobierno central: desde la empresa se espera que pudiera extenderse a las mancomunidades como entes locales, de forma que la MAS pudiera acogerse para hacer frente a su deuda comercial disminuyendo así el importe del préstamo por parte del fondo de inversión.

La decisión está cercana. Ayer mismo se produjo un cónclave entre los máximos responsables de la empresa (Miguel Novoa, Juan Ignacio Tomico), el secretario general del PSOE y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y algunos alcaldes. La aprobación por parte de los regidores es imprescindible para llevar adelante la operación y Giahsa intenta lograr un consenso entre todos ellos. PSOE e IU esperan que sus munícipes estén a favor de la operación, aun a pesar del grupo creado en la Sierra por alcaldes de pequeños pueblos que critican la gestión de la empresa. Más dudas plantea la postura del PP: si bien su cúpula asegura estar dispuesta a negociar cualquier opción para la supervivencia de la empresa, hay alcaldes que no están satisfechos con Giahsa y que podrían ser reacios a una actuación que conllevaría un más que probable aumento de las tarifas del agua. Por eso, desde la empresa se está reiterando un mensaje: el objetivo de este cambio será una mejor gestión, aunque ésta no implicaría la salida de la cúpula de la empresa.

Especial preocupación despierta el caso de Gibraleón, que mantiene su intención de prestar su propio servicio de aguas abasteciéndose de la presa del Sancho (pese al informe que asegura que no es apta para consumo humano). El Ayuntamiento presidido por José Ramón Gómez Cueli es uno de los más críticos con la gestión de la empresa y sólo el hecho de gobernar en minoría parecer amarrar el servicio de aguas a la empresa pública. IU también podría bloquear una salida de Almonte.

La salida de un municipio de gran tamaño trastocaría toda la operación, obligando a replantearla, empleando un tiempo precioso para una empresa que tiene que atajar ya su deuda. Algo que no ha logrado con sus apuestas anteriores: la petición de un crédito bancario de 100 millones con el que hacer frente al pago de las concesiones demaniales de la red de saneamiento por parte de los municipios, la externalización de la gestión de las depuradoras y el anuncio de privatización de la gestión del servicio de aguas y residuos sólidos durante 25 años.