La primera sesión del juicio por el asesinato de José Rachón en su casa de la finca Calero de El Campillo el 1 de septiembre de 2016 se inició a las 10:30 de ayer con la selección del jurado a puerta cerrada. La vista comenzó pasadas las 13:00, puesto que previamente hubo que constituir el tribunal popular que juzga el caso y luego las partes trataron de cerrar un acuerdo que redujera la duración del plenario a la mínima expresión, pero no fue posible.

El letrado de la acusación particular, Gustavo Arduán, no estuvo de acuerdo con los términos del pacto y solo lo mantiene con la defensa de Horacio Suárez. Para Daniel Leroy Oliva sigue pidiendo la prisión permanente revisable como cabecilla "de este grupo criminal", amén de otros 12 años y multa por el robo con violencia, los daños morales o la omisión del deber de socorro. La petición del representante de las víctimas para Álex Ramos y José Almansa se eleva a 43 años de prisión, 32 de ellos por el asesinato.

La Fiscalía por el momento mantiene su solicitud de la prisión permanente para los cuatro acusados, aunque avanzó en las cuestiones previas que "si ellos colaboran es justo, para no dilatar esto en el tiempo, que se haga una moderación de las penas". Y ellos cumplieron.

El Ministerio Público precisó que los encausados "han mostrado cierta colaboración, han facilitado la instrucción" y han reconocido "que estaban allí y que agredieron a José". No obstante, la fiscal del caso dejó claro que "hay prueba suficiente para condenarlos".

Arduán recordó a los nueve miembros del jurado que están juzgando "hechos muy graves, no es igual que darle un empujón a una persona y matarla sin querer". Los llamó a la calma y los invitó a aplicar "el sentido común y de la racionalidad". Asimismo, recalcó que los cuatro procesado "cometen los hechos y luego se van a una casa a reírse, a festejar y repartirse el botín".

Por último, el letrado pidió a los miembros del jurado popular que "no os podéis dejar cohibir por la presión ambiental, que una sala de justicia impone mucho".

La defensa del principal acusado, Daniel Leroy Oliva, corre a cargo de Óscar Vázquez, quien transmitió "tranquilidad" al tribunal popular. Haciendo referencia a su acuerdo con el Ministerio Fiscal, dijo que este "probablemente introducirá circunstancias que llevarán a que se modifiquen las peticiones de pena" al final de juicio, algo que no ocurrirá con la acusación particular: "Hubiera sido más fácil si no se mantuviera en la prisión permanente revisable".

Aquí subrayó el abogado que Arduán "tiene especial interés en ser el primero en Huelva en conseguir una condena de prisión permanente revisable, pero no ha elegido bien el caso porque no se dan los requisitos".

El representante legal de Horacio Suárez, el letrado Daniel Fernández, solicitó al jurado que proceda "con objetividad e imparcialidad, no con la diligencia de un buen padre de familia" (tal y como sugirió la acusación particular) "porque así van a querer imponer el máximo castigo y eso no es Justicia sino venganza".

De su defendido destacó las atenuantes de colaboración con las autoridades, de consumo de drogas y de reparación del daño: "Mi representado es insolvente pero ya ha abonado 38.200 euros" para la indemnización a los perjudicados.

La letrada Coronada Mantero defiende de oficio a Álex Ramos. Ella manifestó en la sala que "lamentamos profundamente la muerte de José Rachón, pero estamos aquí para hacer justicia".

Dirigiéndose al jurado, indicó que "no podemos tener a un culpable en la calle, pero tampoco tener ansia de venganza como la acusación particular, que pretende conseguir penas mayores" de las pertinentes. En este sentido, recordó que el objetivo de las condenas es que sean "justas para la resocialización". Su cliente, destacó, "sufre una grave adicción a las drogas", por lo que estima que debe aplicársele la atenuante de drogodependencia.

Cerró la ronda de intervenciones la abogada Raquel Rodríguez, que representa a José Almansa. Pidió al tribunal que tenga "especial cuidado al valorar hechos y circunstancias y, sobre todo, si tenían o no intención de matar, si eran o no conscientes de sus actos y el grado de participación de cada uno: que a cada uno se le juzgue por lo que ha hecho y no carguen con la culpa de otros".