Fernández amenaza con denunciar al interventor por el informe de los cursos

La maraña judicial del caso de los cursos de formación podría enredarse aún más en Huelva. El vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva y concejal en el Ayuntamiento de la ciudad, José Fernández, anunció ayer que se plantea demandar al interventor provincial de Huelva por su actuación en el caso de los cursos de formación, en el que el cargo socialista se ha visto envuelto al aparecer la empresa de la que fue propietario, Multiservicios y Limpiezas Doñana, entre los expedientes en los que la Intervención encontró "graves irregularidades" durante la realización de un informe sobre la concesión de las ayudas a la formación. El socialista asegura que algunas de las incidencias recogidas en ese informe y referentes a su ex empresa (que vendió en 2011) "faltan a la verdad", advirtiendo que el funcionario podría estar incurriendo en un delito de prevaricación.

Fernández se refiere al informe especial elaborado por el interventor provincial, Miguel Ángel García Bermúdez, sobre las ayudas a la formación concedidas entre 2009 y 2012, que defendió el pasado lunes ante la comisión de investigación de los cursos en el Parlamento andaluz. En él aparece entre los expedientes en los que se encontraron irregularidades la ayuda concedida en 2010 a Multiservicios y Limpiezas Doñana.

Según el interventor, el expediente de esa ayuda (concedida cuando Fernández aún era el propietario de la empresa) acumulaba 13 incidencias, entre ellas que los gastos efectuados no responden de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada o no se aportan facturas acreditativas, la contratación por un importe superior a 12.000 euros sin la preceptiva solicitud de tres ofertas diferentes o la falta de una cuenta justificativa. También se incumplen los plazos de ejecución de la actividad y se conceden nuevas acciones formativas pese a que no se han justificado subvenciones anteriores, señala el informe. Y, como en el resto de los casos estudiados en Huelva, el expediente no cuenta con informe del órgano correspondiente sobre la evaluación de las solicitudes, no se aporta una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones para la concesión de la ayuda y "existe una grave falta de integridad, composición y exactitud de la documentación integrante de los expedientes".

La Intervención general emitió tras conocer el cúmulo de incidencias en Huelva un informe de actuación en el que de nuevo alertaba sobre "graves irregularidades" en ese y otros expedientes y cifraba en 159.648 euros el posible menoscabo de fondos públicos por el déficit de gestión de esta ayuda; la Junta inició en 2015 un procedimiento de reintegro sobre esta subvención y otra concedida en 2011.

A estos informes se refirió ayer el socialista José Fernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, asegurando que hay información de los informes de Intervención que "falta a la verdad" y "tengo documentación para demostrarlo", de ahí que valore la posibilidad de emprender acciones legales contra el interventor, porque, a su juicio, sus palabras habrían dañado su honor e imagen.

Según explicó Fernández, en 2011 vende la empresa (los pasivos y activos de la misma), por lo que es "el nuevo propietario quien concluye la justificación en junio y julio de 2012". "Esta subvención se justifica y el informe que el interventor hace falta a la verdad en algunos de los ítems que dice que en el caso de esta empresa no se ha hecho como había que hacerlo en relación a la orden". Para Fernández, el interventor incurre en "bastantes contradicciones" y señaló que "dice que falta información pero yo la tengo y si yo la tengo tiene que estar en el expediente". García Bermúdez "falta a la verdad", insiste, cuando se trata de un "fiscalizador de las cuentas de la administración" y advierte: "No sea que esté incurriendo en un presunto de delito de prevaricación".

Por otra parte, Fernández recriminó al PP que utilice como "bandera política" este tema porque "hace cuatro años que no estoy vinculado a la empresa", al tiempo que recordó que no está llamado a declarar en la comisión parlamentaria. No obstante, apuntó que si lo llamaran acudiría a dar las correspondientes explicaciones, lamentando que "tanto la responsable del PP en la comisión como el informe de la situación a la que hacía referencia el interventor mienten".

El socialista rechazó las aseveraciones hechas por la portavoz del PP en la comisión, Teresa Ruiz-Sillero, y aseguró que este partido "miente" al calificar a la empresa como "cazasubvenciones", ya que estas suponían un 20% del cómputo global (el propio interventor aseguró que no le constaba que hubiese trato de favor a la empresa). "Estoy tranquilo porque tengo la documentación que demuestra todos los puntos" de la gestión realizada.

El Partido Popular de Huelva insistió ayer en el asunto, reclamando al PSOE de Huelva que explique por qué un concejal de Régimen Interior del Ayuntamiento de Huelva, vicepresidente de la Diputación Provincial y miembro de la Ejecutiva regional del PSOE se ve inmerso en la trama de los cursos de formación y que aclare si se van a tomar medidas contra José Fernández.

Para el secretario general del PP de Huelva, David Toscano, "el PSOE de Huelva está en estos momentos en el centro de las irregularidades de los cursos de formación en la provincia de Huelva". En esta trama se sitúa la empresa Multiservicios y Limpiezas Doñana, "una empresa que recibió subvenciones de la Junta para dar cursos de formación sin estar certificada para ello y que subcontrató a otra para prestar los supuestos cursos, algo que es irregular", señaló Toscano. Y en el centro de esta polémica "se sitúa Fernández", por lo que el PP de Huelva se pregunta si el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, o el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, van a tomar alguna medida "respecto a este señor que está en el centro de la trama de los cursos de formación en esta provincia".