La empresa Ercros, propietaria desde 2005 a 2015 de la fábrica de cloro-álcali de Palos de la Frontera emitó ayer un comunicado en el que asegura que “siempre” ha actuado de acuerdo “con la legislación ambiental y que en ningún momento, mientras ejerció la propiedad de la fábrica, estuvo en riesgo la salud de las personas o del medioambiente”. Una reacción rápida tras después que la Guardia Civil hiciera pública una investigación relacionada –que tiene que ver con los años en los que operaba Ercros– con la denominada operación Flixanco que se inició en 2017 y en la que se asegura que se hallaron sustancias contaminantes con “riesgos no admisibles para la salud humana y los ecosistemas”.

La operación se inició a raíz de una información recibida sobre irregularidades que se vendrían produciendo en la actividad realizada en distintos centros dedicados al sector cloroalcalino en la provincia de Huelva. Y tras un estudio documental, unido a informes aportados por distintas administraciones como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se observaron –apuntó la Guardia Civil– diversas discrepancias en los datos analizados, por lo que se realizó un muestreo de suelos y aguas en distintos puntos de las instalaciones de la planta. Tras ello, los investigadores hallaron sustancias contaminantes compatibles con la actividad de la empresa que “superaban ampliamente los parámetros establecidos” y con una concentración suficiente para determinar la existencia de “riesgos no admisibles para la salud humana y los ecosistemas”, según la Guardia Civil.

Actualmente, la Benemérita, bajo la instrucción de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, investiga a 21 personas relacionadas por la contaminación producida tanto en la atmósfera como en el subsuelo por productos como el mercurio y determinados compuestos organoclorados que presentan toxicidad elevada y están clasificados como sustancias peligrosas y cancerígenas según la normativa vigente.

Investigaciones del Seprona.

Entre los productos fabricados por la empresa investigada se encuentra el cloro, obtenido a través de distintos tipos de electrolisis. Hasta el 11 de diciembre de 2017, uno de los procesos productivos se basaba en la utilización de celdas de mercurio, tecnología que ha sido sustituida por otras alternativas que no utilizan mercurio para su producción. Según la Guardia Civil, como consecuencia de ello se habrían producido efectos medioambientales adversos provocados por supuestas fugas de mercurio y otros contaminantes, así como a causa de deficiencias en la producción, en la gestión de residuos, vertidos y emisiones a la atmósfera de gases contaminantes.

El Instituto Armado también destacó que esta operación ha confirmado la existencia de contaminación en suelos y aguas subterráneas causada por sustancias peligrosas producidas por la actividad industrial anterior de la planta cloroalcalina y de plantas asociadas que componían el complejo investigado. Asimismo, se han detectado concentraciones de estas sustancias muy por encima de los valores de referencia legalmente establecidos que habrían estado acumulándose en terrenos ocupados por el complejo industrial y en las aguas subterráneas.

Entre los contaminantes detectados se encuentran el mercurio y determinados compuestos organoclorados que presentan una toxicidad elevada y están clasificados como sustancias peligrosas y cancerígenas según la normativa vigente.

Según la Guardia Civil, el mercurio se utilizaba en celdas de electrolisis en la obtención de cloro y de sosa cáustica, un contaminante de “alta movilidad” que puede transformarse rápidamente en compuestos orgánicos más tóxicos cuando se libera al medio ambiente. En el proceso productivo este compuesto se somete a elevadas temperaturas lo que puede provocar su volatilización con la consiguiente contaminación de la atmósfera, los suelos y las aguas superficiales y subterráneas, “poniendo en riesgo la salud de los trabajadores de la industria”.

No obstante, el Instituto Armado destacó que este sistema de producción ha sido reemplazado por otras tecnologías menos contaminantes a través de la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea, que aprueba mejores técnicas disponibles para el sector cloro-álcali. Esta normativa pretende garantizar y mejorar el comportamiento ambiental de estos procesos productivos para reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de sistemas de prevención y control de la contaminación. Asimismo, se trata de proteger a los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la presencia de agentes químicos en el lugar de trabajo o de cualquier actividad con agentes químicos.La investigación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han contado con el apoyo de miembros de la Unidad Técnica Adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y del Instituto Nacional de Toxicología.

Por su parte, Ercros mantiene su inocencia de que nunca estuvo en riesgo la salud de las personas o del medioambiente mientras ejerció la propiedad de la fábrica y lo basa en los datos y análisis “que contienen los informes preceptivos periódicos que Ercros ha reportado, que a su vez confirman los informes emitidos por las administraciones competentes en materia ambiental y de salud laboral”. Asimismo, Ercros mostró su convencimiento de que “todo ello será acreditado oportunamente en sede judicial”.