-Llegar a Huelva con el compromiso de acabar con los asentamientos chabolistas es un compromiso ambicioso.

-Sí, a eso vinimos. Es nuestra intención aun sin tener las competencias ya que son en parte de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos, pero ante un requerimiento de Naciones Unidas hemos decidido actuar. No tiene una explicación que un país que está entre las primeras economías del mundo tenga en su territorio esas bolsas de exclusión social. Por ello el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 va a liderar la puesta en marcha de un programa conjunto con otras administraciones. Todo ello entendiendo que es un problema complejo que requiere soluciones.

-¿Cómo han sido los primeros pasos?

-Queremos contar con todos los actores sociales a los que les incumbe esta realidad, especialmente empresarios, sindicatos y trabajadoras del campo y la colaboración de las organizaciones sociales que han venido atendiendo situaciones problemáticas desde el punto de vista de la exclusión social. No creemos que sea conveniente prescindir de quien conoce el problema.

-¿Qué papel jugará su secretaría de estado?

-Coordinar a las administraciones y colaborar para aportar recursos en cuanto al diseño de las políticas asesoramiento.

-No es la primera vez que Huelva oye promesas de este tipo que se diluyen. ¿Entiende el escepticismo?

-Claro que lo entiendo. La administración central no puede solucionar un problema de estas características por su cuenta. Es necesario que converjan la voluntad de las administraciones locales y autonómicas, que son las que tienen la la competencia, pero vamos a establecer un proyecto, ponerlo en marcha y dejarlo bien diseñado para que en un periodo limitado de tiempo pueda radicarse este problema.

-¿Cuál es ese periodo limitado de tiempo?

-Ojalá en esta legislatura. Es nuestra intención. Hay que aprovechar también las oportunidades que tenemos en estos momentos con nuevas fuentes de financiación a través de la Unión Europea y nuevas herramientas para atender problemas que están relacionados con la transición ecológica, con el trabajo digno, con la igualdad, con la mejora de las condiciones de vida. El Gobierno tiene mecanismos de coordinación para alcanzar ese objetivo. Ahora sí va a ser. Hemos mostrado voluntad política y tenemos los recursos. De hecho quisimos haber ejecutado el año pasado y estuvimos hablando con la Consejería de Igualdad, con Rocío Ruiz, pero desgraciadamente se nos interpuso por medio un requerimiento muy serio con todo lo que ocurrió en Madrid con la Cañada Real y los recursos que ya teníamos previstos tuvimos que destinarlo a la Cañada Real.

-El problema de los asentamientos afecta a otras provincias, aunque en menor medida. ¿Por qué centrar el esfuerzo inicial en Huelva?

-Huelva, no solo por este problema, es una provincia que requiere mucho más apoyo de todas las administraciones públicas. Ha sido históricamente muy abandonada y por eso la secretaría de estado para la Agenda 2030 prioriza la provincia de Huelva. Muchos de los problemas onubenses responden a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es la tercera vez que venimos.

-¿La tercera?

-Estuvimos abordando el tema de los regadíos y también la situación del distrito V, la barriada del Torrejón.

-Sobre la mesa ya hay una primera batería de proyectos presupuestados en 8 millones de euros. ¿Hay partidas preparadas?

-Tenemos disponibilidad. No hay un presupuesto específico para la provincia de Huelva, sino para todas las acciones que hacen a toda España. Vamos a poner los recursos en aquellos lugares donde las demás administraciones públicas, que tienen las competencias, pongan los suyos sobre la mesa.

-Habla de acabar durante con los asentamientos en esta legislatura? Es fijar un plazo de menos de dos años.

-Sí, es un tiempo corto. Queremos empezar este ejercicio y tenerlo resuelto en el siguiente. Sería en 23. Sabemos que es un problema de dimensión considerable, pero relativamente. No se trata de regalarle casas a nadie. Es algo que quiero aclarar. Se trata de establecer distintas medidas de acceso a la viviendo porque un trabajador que tiene unas condiciones laborales dignas tiene que tener recursos para pagarse su solución habitacional. Lo que tenemos que procurar es que haya soluciones habitacionales.

-¿De qué tipo?

-En función de cada situación. Hay gente que vive permanentemente en la misma ubicación y que desde ahí se desplaza a distintos sitios a trabajar por temporada y otras que no viven todo el año en un lugar. Las soluciones son distintas en cada caso. Lo que hay que trabajar es un itinerario de inserción sociolaboral para que tengan su vivienda como cualquier hijo de vecino. Jaén por ejemplo resolvió su problema. Habrá que establecer un mecanismo de albergues de acogida, pero contemplado en los convenios colectivos, en los salarios. De forma que pueda pagar una parte del trabajador pueda pagar una parte de la empresa que esté ya contemplado con el apoyo de las administraciones.

-Con la Junta ya sentaron las bases para un trabajo coordinado. ¿Cómo fue el encuentro con los ayuntamientos?

-Cada alcalde tiene una visión distinta del problema y una posible solución. Depende mucho de las experiencias que tuvieron. No es lo mismo Lepe o Palos que son pueblos con recursos que otros más pequeños como Lucena. Por eso no les estamos pidiendo el mismo esfuerzo, Estamos dispuestos a atender en sus condiciones y sus capacidades. Ahora bien, estamos gratamente sorprendidos por su disposición. Lo que sí he notado es que ha faltado una coordinación eficaz. Habido experiencias que fallaron por falta de una coordinación eficaz pese al esfuerzo que hicieron. Hay que tenerlo en cuenta para que no se repita. Luego también hemos notado recelos. Hemos recomendado que nadie busque responsable. No nos parece práctico. Primero arreglamos el problema que no tiene una solución sencilla porque cuando alguien dice que un problema grave o complejo tiene una solución sencilla es que no lo conoce o está engañando.

-¿Qué papel le corresponde a los empresarios?

-La propia legislación ya les atribuye un papel. La contratación en origen por ejemplo conlleva unas obligaciones que en términos generales cumplen. Luego ya entraremos a hablar de la calidad de esos servicios, pero en términos generales se vienen cubriendo. O sea, de las alrededor de 100.000 altas en la Seguridad Social de trabajadores del campo en la provincia de Huelva al año hay un problema que afecta a entre 2500 y 4500 personas. Estamos hablando de un 4%. Es un drama, sí, pero también el 96% de esa población tiene solucionada su problemática. No partimos de cero. Nos han mostrado además su disponibilidad para el trabajo, aunque también han manifestado claros recelos porque en muchos casos opinan que se les ha responsabilizado Hemos escuchado atentamente sus explicaciones y también les hemos recordado que buena parte del problema se corrige mediante la negociación colectiva.