Los asentamientos de chabolas que rodean los municipios de la costa y el entorno de los grandes productores agroalimentarios de la provincia de Huelva tienen fecha de caducidad. Aglomeraciones de infraviviendas propias del tercer mundo a las puertas del primero donde personas migrantes viven en condiciones indignas, sin acceso a unos servicios básicos. Es el compromiso adquirido por el Gobierno central a las administraciones locales y autonómicas, así como al resto de agentes y colectivos que trabajan desde hace décadas por dar una respuesta a una problemática enquistada. La solución pasa por crear una bolsa de viviendas sociales y alojamientos en los municipios afectados que permita absorber las necesidades habitacionales de la población migrante.

El secretario de estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, anunció que el ejecutivo a través de los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea dispondrá el dinero y serán todos estos agentes locales y regionales quienes presenten los proyectos a desarrollar. Los primeros en ver la luz serán los elaborados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, que lleva años trabajando en esa misma línea. Santiago mantuvo un encuentro con la consejera Rocío Ruiz en el que fraguó el compromiso de aportar los 8 millones de euros necesarios para las primeras actuaciones. Las obras comenzarán “antes que acabe este año”. La administración asume que “no hay ninguna justificación para siga existiendo estas bolsas de exclusión social entre trabajadores”. Santiago mantendrá durante este viernes y sábado encuentros con todos los agentes y administraciones implicados para obtener información y recabar los proyectos preciosos para su ejecución.

“Es un día en el que demostramos que la grandes políticas que redundan en el beneficio de las personas vulnerables se hacen desde el consenso y la escucha”, destacó Ruiz. La onubense aseguró que “de una vez por todas acabar con esa situación indigna, de infraviviendas que vivimos en varios puntos y muy especialmente en la provincia de Huelva con la población trabajadora del campo y desde el primer momento hemos trabajado desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por un remedio. Desde la consejería llevamos destinados 11,3 millones para ayudar a estas personas, pero es verdad que necesitábamos una solución definitiva”.

La consejería tiene mucho trabajo adelantado porque “llevamos meses trabajando con los ayuntamientos, el tercer sector como Cepaim o Accem y el ministerio”. Esas alternativas consistirán en “centros de día, albergues, viviendas para personas regularizadas, centros como el que presentamos con el ayuntamiento de Lepe para 144 personas y una segunda fase para hasta 700”. “Huelva es una prioridad por los problemas de empleo, medioambiental, la transformación energética o el impulso de la industria agroalimentaria”, señaló Enrique Santiago. El secretario de estado de la Agenda 2030 reconoció que “nos encontramos con un problema que tiene mucho tiempo como es las condiciones de alojamiento de los trabajadores del campo”. La liberación de fondos comunitarios por los programas de recuperación dan la oportunidad necesaria para poner en marcha “una respuesta definitiva sumando los esfuerzos a la Junta y los ayuntamientos”. Se trata de “un problema complejo que requiere de la participación de todos los agentes como las organizaciones empresariales, los sindicatos y los agentes sociales”. Santiago no quiso concretar cantidades ya que su secretaría de estado quiere tener sobre la mesa todos los proyectos que presenten ayuntamientos, agentes sociales y los aportados por la Junta pero ya anticipó que “si lo hacemos bien y nos coordinamos habrá dinero suficiente para resolver el problema. Hablamos de muchos millones de euros”.

La consejera insistió en que “si realmente existe el compromiso que hemos demostrado el Gobierno y la Junta en todas las partes implicadas estoy convencida que encontraremos la solución. No solo es poner recursos, hay que matenerlos, seguirlos y controlarlos a pie de calle. Es clave el papel de las asociaciones y ONGs y de los empresarios”. Por ello calificó la jornada como “un día decisivo” para resolver un problema que como ciudadana onubense “me avergüenza”.