Los asentamientos chabolistas se han convertido en un drama humanitario tan cercano como lejanas parecen las soluciones. Son más de 25 años los que lleva la provincia asistiendo a una situación enquistada para la que nadie encuentra un arreglo. Las administraciones coinciden en afirmar que el fenómeno de los asentamientos habitados por personas migrantes es un problema humanitario; en que no se ha hecho lo suficiente para su erradicación; o en que ayudan y tienden la mano al resto de administraciones. Visto así la solución parece fácil. El problema llega cuando se pregunta por qué siguen existiendo. Es ahí cuando se empiezan a surgir las dificultades.

Es entonces cuando no hay explicación definitiva a porqué después de un cuarto de siglo, lejos de desaparecer, el problema se haya enquistado hasta el punto de que, en determinadas épocas del año, sean miles las personas que, junto a las localidades más prósperas de la provincia, viven sin lo más mínimo. Sin agua potable. Sin electricidad. Sin los cuidados sanitarios básicos. Y por tanto sin la dignidad que merece todo ser humano. Todo ello en pleno siglo XXI, en el primer mundo, y en una sociedad democrática y basada en el Estado del Bienestar.

A la pregunta de si, después de décadas, se ha hecho todo lo posible para erradicar los asentamientos, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, indica que se “debería haber hecho frente desde sus inicios” posibilitando “alternativas viables” que “hubieran evitado o minimizado el escenario actual”. En parecidos términos se pronuncia la delegada del Gobierno de la Junta, Bella Verano, para quien las administraciones “debieron actuar desde un primer momento, y no lo hicieron eficientemente”.

Ana Delgado, teniente de alcalde del ayuntamiento de Lepe señala al respecto que “evidentemente no” y que al ser “un problema transversal que va más allá de la necesidad de dar soluciones habitacionales dignas”, también lo es de “inmigración irregular, que desafortunadamente las administraciones competentes no han sido capaces de afrontar”. Por ello subraya que, al trascender la provincia de Huelva “necesitamos de una vez por todas la implicación, colaboración y el trabajo efectivo de las Instituciones Europeas, del Gobierno de España, de los Gobiernos Autonómicos, de las Diputaciones Provinciales y de las Entidades Locales”.

La imagen de la desolación de inmigrante que ve arder un asentamiento.

En la misma línea todas afirman haberse tomado con interés el asunto y Parralo resalta las “obligaciones y competencias” que en esta materia tiene el Estado, que “se encarga de la ordenación de los flujos migratorios resolviendo la situación de los extranjeros”, al tiempo que pone en valor la labor de los Equipos de Atención al Trabajador Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil y las ayudas que el Gobierno otorga a las ONG para atender los asentamientos. Por su parte Bella Verano indica que “interés sí hay” y que la Junta “nunca va a dar la espalda a los más vulnerables y participa en programas de ayuda a través de diferentes organizaciones”.

Por su parte la teniente de alcalde lepera afirma que su ayuntamiento “se ha sentido muy solo siempre, poco respaldado por alguna administración, y abandonado totalmente por otras”, y que “quien sufre al final en primera persona esta problemática es la administración más pequeña, la que tiene menos recursos y escasa competencia al respecto”. Delgado añade haber sufrido “situaciones límite” en las que “todo el mundo se ha puesto de perfil”. “Hemos llamado a infinidad de puertas, propuesto multitud de alternativas, pedido desesperadamente auxilio, pero la respuesta, desgraciadamente, siempre ha sido la misma: “No es competencia nuestra”.

Las tres administraciones difieren sobre los motivos de que el problema se concentre en determinados municipios. Para la subdelegada del Gobierno esto radica en la forma en que se ha gestionado desde el principio el asunto: “Hay municipios que gestionaron desde un principio este fenómeno propiciando una mayor integración, como Rociana y Cartaya, ofreciendo alternativas concretas coordinadas con otras administraciones y con el sector empresarial”. Bella Verano atribuye el problema a “casi todos los municipios onubenses con alta actividad empresarial”, aunque a su juicio en unos los asentamientos son más grandes y en otros más pequeños. No obstante, prosigue, “no hay una explicación que lo justifique pueblo por pueblo” y “sí hay un problema global, la solución debe ser global”.

Un inmigrante reconstruye su chabola.

Sobre si el Foro Andaluz de la Inmigración, (órgano de consulta, representación y participación en materia de política social para inmigrantes y diversidad cultural adscrito a la Junta) ofrece el mejor marco para la búsqueda de soluciones a la problemática, todas piensan que sí ya que dicho foro reúne a 30 entidades de la administración, sociales, sindicales y empresariales “conocedoras de la realidad de la población inmigrante en cada provincia, lo que nos permite intercambiar información y recibir propuestas para guiar nuestras políticas”, en palabras de Bella Verano. Para Parralo “puede ser una gran herramienta” y para Delgado “debería serlo, ya que están representadas todas las administraciones, entidades y asociaciones implicadas en la materia, y constituye además uno de sus objetivos”.

Igualmente coinciden en afirmar que no creen que la situación pueda derivar en problemas de orden público como ya ha sucedido en otros puntos. Manuela Parralo pone el acento en que hay que “atajar este fenómeno” ya que los migrantes que malviven en los asentamientos “pueden ser objeto de explotación”, a lo que añade que “ellos no son el problema, sino las víctimas de un sistema que entre todos debemos mejorar”. La subdelegada concluye afirmando que “por todos los medios se ha de evitar la tensión que pudiera producirse entre la población migrante y la autóctona trabajando en una integración en términos de igualdad y reciprocidad”, así como “evitar el racismo y la xenofobia que pudiera derivar en desórdenes públicos”, para lo cual las administraciones locales afectadas y la Junta “siempre encontrarán la mano tendida y el auxilio, sin ambages, del Gobierno de España”.

Bella Verano hace hincapié en que “cualquier persona que visite los municipios con mayor número de personas inmigrantes puede comprobar que la convivencia es pacífica” a lo que añade que “no se dan episodios que nos hagan pensar que pueda haber un problema de orden público”.

Unos inmigrantes buscan sus pertenencias entre los restos de un incendio.

En parecidos términos se pronuncia la representante del consistorio lepero, quien subraya que su pueblo es “hospitalario y acogedor, ejemplo en integración multicultural” ya que “alrededor del 20% de nuestros habitantes son de origen extranjero, convivimos desde hace décadas con más de 70 nacionalidades y nunca ha ocurrido ningún altercado”.

Estas tres administraciones afirman por otra parte haber puesto en marcha distintos programas de ayudas para erradicar los asentamientos. Iniciativas que, o han resultado a todas luces insuficientes, o se han centrado más en atajar las cuestiones humanitarias derivadas del auténtico problema: la existencia de los asentamientos.

Desde el Gobierno de España ponen en valor las subvenciones que para atención en los asentamientos reciben las ONG Andalucía Acoge, Cepaim, Cruz Roja y Cáritas. En el caso de la primera la ayuda este año ha sido de 86.750 euros para unos 1.000 beneficiarios, en cuyo marco trabajan 2 técnicos y 4 voluntarios. En el caso de Cepaim la ayuda es de 192.683 euros para atender a 450 personas en Lepe, 450 en Palos y 350 en Lucena, en cuyo marco trabajan 3 técnicos. Cruz Roja por su parte recibe 123.740 euros para 1.200 beneficiarios, a lo que dedica 3 técnicos; y finalmente Cáritas ha recibido 163.286 euros para atender a 272 personas en Mazagón, 210 en Moguer, 200 en Lucena, 160 en Palos y 298 en Lepe, con 3 técnicos adscritos.

La Delegación del Gobierno de la Junta insiste en que “la solución debe ser global” y en que para erradicar los asentamientos “hay que acabar con la pobreza y poner en marcha programas en los que tiene mucho que decir el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”. También alude a la Unión Europea” porque “Andalucía es la puerta de entrada a Europa desde África para muchos inmigrantes”.

A pesar de ello subraya que la Junta “ha sido la única administración que en 25 años ha dado una ayuda directa para mejorar las condiciones de vida” de estas personas ya que durante el estado de alarma “se aprobó por urgencia 1,1 millones de euros, para actuar a través de los ayuntamientos”. Bella Verano también pone en valor “la colaboración que prestamos a través de las distintas ONG”, aunque concluye señalando que “necesitamos que el Gobierno actúe con responsabilidad y se fijen soluciones que no sean provisionales”.

El interior de una chabola.

El Ayuntamiento de Lepe subraya que viene trabajando desde hace años en la erradicación del chabolismo, para lo cual, según Ana Delgado se puso en marcha en 2017, el programa Lepe Hábitat junto con la entidad Fecons, cuyo objetivo es “aunar de manera planificada esfuerzos, voluntades y recursos de todos los sectores, ámbitos y administraciones para erradicar el chabolismo”. Dicho programa bonifica económicamente a los propietarios que alquilen sus viviendas a inmigrantes. A ello la teniente de alcalde lepera añade que “se han flexibilizado los requisitos” para el alquiler “se han modificado las ordenanzas fiscales para reducir las tasas a las empresas que construyan alojamientos en sus fincas para sus trabajadores”.

También subraya la “estrecha” colaboración municipal “con todas las ONG implantadas en nuestro municipio a través de la cesión de espacios municipales, subvenciones y convenios”; así como que “estamos trabajando para la cesión de un terreno municipal en el que los agentes sociales puedan instalar alojamientos de manera permanente”. También “intermediamos entre empresas e inmigrantes para encontrarles empleo y alojamiento en las fincas” logrando este año sacar a 100 personas de los asentamientos.

Delgado concluye subrayando que “el trabajo es mucho y durante muchos años, pero el Ayuntamiento sólo no puede solucionar este problema, de ahí que pidamos incansablemente el compromiso de todas las administraciones citadas anteriormente”.