Doce familias okupas piden negociar para evitar su desalojo

No van a ser desahuciados, porque no tienen casa, pero en plena marejada contra el drama diario de los lanzamientos judiciales (2,6 al día este año en la provincia), una docena de familias piden ayuda para no ser desalojadas de sus pisos. Unas 40 personas, parejas jóvenes con hijos en su mayoría, viven en el bloque okupa de la calle Almendros, un edificio vacío que tienen que abandonar antes del 4 de diciembre por mandamiento judicial. Y piden ayuda para quedarse en el "único sitio que tenemos, no tenemos adonde ir".

Lo explica Rafael Roque, parado, con hijas "que están aseadas y van al colegio", puntualiza. Roque llegó hace cuatro meses hasta la barriada de Fuentepiña tras ser desalojado del piso en alquiler que ocupaba, que no podía pagar. La historia se repite en otros pisos del bloque, gente sin trabajo, con problemas familiares, llegaron por el boca a boca de la mano de amigos o conocidos hasta completar las doce viviendas del bloque. "Nos presentamos a los vecinos y les dijimos que queríamos estar aquí tranquilamente", asegura Roque. De eso hace varios meses, en los que han ido llenando sus casas en gran parte con los muebles que han encontrado en la calle o con lo que le han dado otros vecinos, asevera. La cocina es una hornilla de gas y el agua llega de una pileta de riego. La electricidad, prestada.

Esta fórmula de supervivencia tiene fecha de caducidad: el 4 de diciembre. Es la fecha tope que ha marcado el juez para dejar el bloque, propiedad privada. La Policía Nacional comunicaba ayer a los ocupantes de las viviendas que tendrían hasta ese día para abandonarlas; en caso contrario, tendrán que ser desalojados. Y ahora las familias piden negociar su posible permanencia en el bloque, "un alquiler barato, que podamos pagar recogiendo fruta o lo que sea. Total, para tenerlo cerrado", señala Roque, quien pide al juez "compasión". ¿Por qué no han buscado al dueño del edificio para negociar? Según Rafael Roque, porque esperaban "que antes de la orden de desalojo llegase alguien con quien poder hablar".

Con una línea roja ya marcada, los vecinos okupas decidieron ayer dar a conocer su caso para pedir ayuda. "No tenemos donde ir", repite Roque a lo largo de la conversación. No obstante, según fuentes cercanas al caso, el juzgado estaría dispuesto a negociar con ellos o sus representantes legales la fecha de abandono del edificio, a dar algo de flexibilidad en la medida de lo posible.