Huelva

Coronavirus Huelva: Desarticulada una red que estafó con mascarillas

  • La organización es responsable también de fraude relacionado con la compra de patinetes eléctricos

Desarticulada una red que estafó con mascarillas en Huelva Desarticulada una red que estafó con mascarillas en Huelva

Desarticulada una red que estafó con mascarillas en Huelva / EFE/Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a seis personas y desarticulado una organización criminal responsable de cientos de estafas cometidas en 21 provincias, entre ellas Huelva, relacionadas con la venta de mascarillas y otros artículos, mediante páginas web, con las que podría haber obtenido unos 100.000 euros.

La organización desarticulada aprovechaba el estado de necesidad de la población de obtener mascarillas y otros productos sanitarios, debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, para estafar a particulares, ayuntamientos, asociaciones, empresas, farmacias y ortopedias.

Las investigaciones de la operación Hontecilla se iniciaron el pasado abril tras la denuncia presentada por un ayuntamiento de una localidad de Guadalajara ya que realizó una compra, a través de una página web, de 600 mascarillas FPP1, por un importe de cerca de 800 euros, que nunca llegó a recibir, según ha explicado la Guardia Civil.

Los agentes centraron sus pesquisas en el estudio de la página web y teléfono móvil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo de la cuenta corriente facilitada por los autores de los hechos, y llegaron a la conclusión de que formaba parte de un entramado de cuentas corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes del territorio nacional.

La organización criminal estaba altamente especializada y estructurada y diversificaba su actividad para obtener dinero de manera fraudulenta mediante la creación de un entramado de cuentas corrientes en España utilizando identidades usurpadas o falsas.

Derivaban parte del dinero obtenido a otras cuentas abiertas en el extranjero (Alemania, Lituania, Holanda y Bélgica) con la finalidad de blanquearlo y operaban desde el año 2019 utilizando como base de operaciones las provincias de Tarragona y Barcelona.

De hecho, en tres registros realizados en las localidades de Salou y Reus (Tarragona) y en San Adría del Besos (Barcelona) han sido incautados gran cantidad de documentos de todo tipo falsificados, más de 100 tarjetas SIM, una veintena de teléfonos móviles de última generación, dispositivos de almacenamiento de datos y una cartera de gestión de cryptomonedas.

También se han incautado de tarjetas de crédito falsas (la mayoría de ellas de las denominadas black, que no tienen límite de gasto o su límite es muy elevado), instrumentos para la elaboración de documentación falsa, 19.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama.

La organización criminal desarticulada es responsable de 265 delitos de estafa, amenazas, extorsiones, falsedad documental, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales, y los seis detenidos son de nacionalidad moldava.

En concreto, es responsable de 81 delitos de estafa relacionados con compra de mascarillas y material sanitario cometidos en las provincias de Huelva, Murcia, Guadalajara, Valencia, Huesca, Cádiz, Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, Vizcaya, Barcelona, Jaén y Zaragoza.

También de 41 estafas relacionados con la compra de terminales móviles en las provincias de Cáceres y Alicante; otras 13 estafas relacionados con la compra de patinetes eléctricos cometidos en las provincias de Huelva y de Alicante; 4 estafas por phishing en las provincias de Salamanca, Castellón y en las comunidades autónomas de Madrid y de Asturias, y 25 estafas relacionadas con la venta de relojes en las provincias de Toledo, Zaragoza, Valencia y Pontevedra.

Asimismo, se les imputan 17 delitos de amenazas y extorsiones en las provincias de Albacete, Vizcaya y Valladolid; un delito de blanqueo de capitales, 34 delitos de usurpación de estado civil y más de 50 delitos de falsedad documental. Los investigadores estiman que la cantidad estafada por esta organización criminal podría ascender a unos 100.000 euros.

La operación, que ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción de Molina de Aragón (Guadalajara) y desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, continúa abierta y no se descarta la imputación de más delitos y detenidos en función del estudio de la documentación intervenida.

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