Desalojo en El Torrejón

Un amplio despliegue policial se registró ayer en la calle Jazmín de la barriada de El Torrejón para desalojar a una mujer y sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, tras la orden de desahucio decretada por el Ayuntamiento de Huelva.

Hasta cinco vehículos policiales permanecieron allí desde primeras horas de la mañana para llevar a cabo el desalojo exprés. Según testigos presenciales aún no eran las 07:00 cuando los agentes cortaron el tráfico y acordonaron la calle para hacer cumplir el mandamiento. A las 07:45 los policías derribaban la puerta y entraban en la casa de María del Carmen Félix Díaz para ejecutar el desahucio. Sus dos hijos pequeños aún permanecían en la cama, según relata, y el mayor se disponía a ir clase.

Al desahucio, dictado por el juez por ocupación ilegal, acudieron miembros del movimiento 15-M para protestar contra el mismo, que no pudieron impedir. También se congregaron a las puertas del edificio decenas de vecinos que mostraron su sorpresa por el despliegue policial y no dudaron en asegurar que parecía "una redada o una operación antiterrorista".

En minutos, los operarios del Ayuntamiento procedieron a desalojar la casa (5º B) de enseres y pertenencias de María del Carmen Félix, mientras contemplaba atónita cómo estaba en la calle y sin saber dónde iba a pasar la noche. Junto a ella se encontraba también su hijo mayor, de 23 años, y algunos de sus amigos. Los dos menores, de 5 y 7 años, los había dejado en casa de una vecina después de presenciar la entrada de los agentes policiales en la vivienda.

Entre lágrimas, Félix Díaz reconocía que no tiene dinero para pagar el alquiler de la casa de la Empresa Municipal de la Vivienda (250 euros más de 30 de comunidad y la contribución) porque está en el paro y carece de recursos. La mujer ha tenido que decidir entre "pagar el alquiler o dar de comer" a sus hijos.

Sin embargo, negó que vendiera otra vivienda concedida por el Ayuntamiento en régimen de alquiler en la misma planta y que ocupara ilegalmente el piso que ha tenido que abandonar, como ha asegurado el Consistorio capitalino. También negó que haya recibido una ayuda económica de 2.500 de euros e invitó a los munícipes a que presenten la documentación pertinente con las firmas legales. La mujer explicó que no descarta interponer una denuncia, aunque se mostró desanimada por la actuación que han mantenido hasta ahora las autoridades municipales y el Ayuntamiento.

La afectada afirmó que la vivienda se la cedió una vecina y que el Consistorio se la concedió de manera provisional, después que en 2008 solicitara otra y no se la otorgaran. De hecho, en el procedimiento de desahucio figura como afectada una pareja.

En la calle y sin hogar, la principal preocupación ahora de María del Carmen Félix es el futuro inmediato de sus hijos pequeños, ya que teme que Asuntos Sociales le retire la custodia al no poder asegurar su mantenimiento ni proporcionarles un hogar, una amenaza que se cierne sobre ella desde hace tiempo debido a su situación de desempleo.

Los asesores legales del 15-M en Huelva sostienen que el procedimiento judicial debería ser declarado nulo, como han solicitado, por defecto de forma y consideran que esta "intolerable" medida "se opone a los derechos fundamentales". Además, criticaron el despliegue policial para proceder al desalojo de una madre y sus tres hijos, que se produjo en menos de veinte minutos.

El portavoz de la plataforma, José Ángel Gómez, subrayó que los derechos se tienen que defender y hacer valer y las instituciones públicas deben tener en cuenta la situación de las personas.

María del Carmen Félix vio cómo los operarios municipales fueron depositando poco a poco sus pertenencias en la calle, mientras una vecina le invitaba a una taza de café y otras se prestaban a realizar declaraciones a los medios de comunicación, cámara de televisión incluidas para denunciar la "injusticia". La casa donde residía hasta ahora, ya ha sido asignada a otro inquilino.

El gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda, José Luis Gallardo, declaró que "todos los desahucios son dolorosos y distintos", pero en "este caso se trata de una ocupación ilegal después de la venta fraudulenta de una primera vivienda". Según Gallardo "todos los ciudadanos tienen que cumplir las reglas del juego, porque además hay mucha gente necesitada". El gerente resaltó que el Ayuntamiento ha cumplido con la legalidad y que tiene todos los expedientes correctos.

Gallardo anunció que el Consistorio ha decidido establecer una bonificación del 50% para las familias que habitan en esos bloques, ya que la situación económica de muchas de ellas es grave y la mayoría no puede pagar el alquiler.