Al igual que hiciera en el mes de agosto del año pasado, la sección sindical de CSIF en el centro penitenciario de Huelva denunció en el día de ayer el gasto de 40.000 euros en la reparación de la piscina de los internos. La intención de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según el sindicato “tenerla en pleno funcionamiento el próximo periodo estival y se trataría de una maniobra encaminada a encubrir las carencias de los centros a iniciativa del Secretario General, Ángel Luis Ortiz, que desde su llegada se fijó como objetivo la puesta marcha de las piscinas de las cárceles. Un elemento disuasorio de otras muchas deficiencias”.

En el año 2018, se destinaron 50.000 euros para dotar estas instalaciones de una nueva depuradora y acometer las obras que consideraron “imprescindibles” para su funcionamiento tras haber estado cerrada desde el año 2012 por motivos económicos, dado el elevado coste de mantenimiento, explicó CSIF. “Como ya denunciamos en su momento, esta infraestructura tenía otras muchas carencias, pero aun así decidieron seguir adelante, lo que produjo que diariamente la piscina perdiese una cantidad ingente de agua, 150.000 litros diarios”. Y para tratar de paliar esas deficiencias, este año la Secretaría General decide destinar nuevamente otros 40.000 euros a la reparación del vaso que está totalmente fragmentado.

Por todo ello, desde la CSIF lamentan cómo los responsables de la Secretaría General anteponen una infraestructura como la piscina a dotaciones básicas como el ascensor que da acceso a las oficinas, que está clausurado desde hace años por daños estructurales; la ampliación de las oficinas que han tenido que sufrir reestructuraciones para adecuarse a las necesidades laborales; las taquillas de los vestuarios de los trabajadores, que tienen 25 años de antigüedad y están en un estado pésimo de conservación; la red de abastecimiento general de agua que lleva años con un deterioro importante en las canalizaciones, entre otras muchas deficiencias.

En esta misma línea, CSIF hace referencia a las carencias de personal que siguen sin solventarse. El sindicato cifra el déficit a 35 efectivos en el centro penitenciario de La Ribera y en torno a 15 efectivos en el CIS David Beltrán Catalá, lo que “condiciona a los funcionarios para poder prestar un servicio de calidad y garantizar la seguridad de los centros”. Una de las propuestas llevadas a cabo por la sección sindical de CSIF a la Secretaría General fue, precisamente, la contratación de personal para el reparto diario de medicación los fines de semana y festivos. La cuantía para ello, según la oferta presentada por una empresa del sector, era de 7.000 euros al año.