El Consejo de Seguridad Nuclear descarta en su informe anual remitido al Congreso de los Diputados y al Senado con la recopilación de sus actividades llevadas a cabo a lo largo del ejercicio del año pasado, descarta cualquier tipo de problema radiológico en la provincia o en la capital onubense, según el documento al que ha tenido acceso Huelva Información y cuyas principales conclusiones serán presentadas a lo largo de los próximos días.

El documento, de casi 300 páginas establece como principales conclusiones que los valores medios de tasas de dosis gamma se encuentran en Huelva en el entorno de la media nacional, similares a los de ciudades como Murcia, Santander u Oviedo y apenas por encima de la que se registra en Sevilla oAndújar entre las ciudades andaluzas y por debajo de los valores registrados en localidades como Tarifa y Motril, donde el Consejo de Seguridad Nuclear tiene también estaciones de medición o, por poner otro ejemplo, casi la mitad de latasa media que se registra en Madrid.

El CSN destacó su participación en el proceso de declaración de impacto ambiental de clausura de las balsas de fosfoyesos, sin reseñar ninguna incidencia ni aspecto negativo en su informe. Además. constata que existió plan de actuación y controles tras el accidente Cesio 137 y que éstos son semestrales desde 2015 (primero fueron mensuales y luego trimestrales) porque ha bajado el riesgo radiológico.

Imagen de las balsas de fosfoyesos en la capital onubense.

Sobre el mismo, el informe recuerda que “como consecuencia de la fusión en 1988 de una fuente de Cs-137 en uno de los hornos de Acerinox en la localidad de Los Barrios (Cádiz), resultó contaminado el Centro de Recuperación de Inertes (CRI-9) situado en las Marismas de Mendaña en Huelva. A requerimiento del CSN, la empresa Egmasa, encargada de la explotación de dicho centro, remitió el ocho de julio de 1998 un plan de actuación para recuperar el material allí depositado”.

El informe consultado por Huelva Información recuerda también que “entre julio y agosto de 1998 se llevaron a cabo las actuaciones de recuperación, solicitándose posteriormente al CSN autorización para la normalización de los trabajos en las zonas de vertido afectadas”.

Mediante una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del 15 de enero de 2001 “se autorizó la permanencia del material radiactivo en la zona extendiéndose una capa de arcilla sobre los frentes de vertido contaminado y estableciéndose la ejecución de un Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA)”.

Fertiberia presentó el año pasado su informe sobre regeneración de las balsas.

Las tareas de colocación de la capa de arcilla se llevaron a cabo entre octubre de 2001 y enero de 2002. Finalizadas las mismas, se perforaron los sondeos en torno a las zonas afectadas siguiendo las indicaciones de la citada resolución. El Plan de vigilancia radiológica ambiental PVRA de la zona afectada se inició en noviembre de 2002, mediante el control de las aguas superficiales y subterráneas para el control del Cs-137, así como a las proximidades de la zona afectada.

Posteriormente, y tras diversos requerimientos del CSN, este plan se ha ido ampliando y, a la vista de los resultados obtenidos, se modificó la frecuencia de muestreo mensual por una frecuencia trimestral a partir del año 2004 y, a partir del año 2015, por una semestral. Cada año, el CSN analiza y evalúa los resultados del informe de realización del PVRA, supervisando y controlando los resultados de los mismos. Además, en el año 2018 se realizó una inspección sobre el desarrollo del PVRA y el seguimiento del proyecto.

En el mes de octubre, el CSN publicaba su estudio sobre contaminación que resume lo expresado en el informe. En él, se reconocía que una buena parte de las zonas radiactivas en todo el país se encontraban en las inmediaciones de las balsas de fosfoyesos. No obstante, en el mismo estudio se aseguraba que los valores registrados no constituían riesgo alguno para la población, algo que ratifica el informe presentado en el Congreso y el Senado, así como el mantenimiento bajo vigilancia de todas las zonas para “la protección de la población y medio ambiente”.