El jueves 11 de abril entraba en vigor el bono carestía para las familias, una de las medidas urgentes y prioritarias propuestas por CCOO en el Pacto Social y Económico firmado con el Gobierno andaluz hace algo más de un año. La medida, que consiste en un único pago de 200 euros y está destinada a familias con menores de 18 años y con ingresos de hasta 21.600 euros al año, “se tenía que haber puesto en marcha el año pasado con la misma diligencia que se puso en marcha la dirigida a las empresas”, ha resaltado Trinidad Gallardo, responsable de empleo de CCOO en Huelva.

El sindicato se ha congratulado de su puesta en marcha, pero aclara que “esta medida, pensada como urgente para paliar la situación de las familias por las subidas de la inflación del año 2022 y 2023, además de llegar tarde tiene dos problemas fundamentales; el primero es el cortísimo plazo para solicitarla, que se establece en un mes desde el día de hoy; el segundo que solo se puede solicitar por vía telemática a través del registro electrónico único de la Junta de Andalucía, que exige disponer de cualquiera de las modalidades de firma electrónica.

En opinión de CCOO “estos dos requisitos van a dificultar notablemente el acceso a la ayuda de forma general, pero con mayor dificultad a las familias más vulnerables y con menos recursos sociales, materiales y digitales”.

Persona realiza gestiones en su ordenador con la firma electrónica.

“Desde CCOO le pedimos al Gobierno andaluz que el plazo fuese abierto hasta terminar con la partida presupuestaria de los 12 millones de euros y que las solicitudes se pudieran presentar de forma presencial”, ha explicado la responsable de empleo de CCOO en Huelva.

La sindicalista apunta que las razones para estas peticiones “son evidentes”. “Por un lado, la dificultad de dar a conocer la ayuda en un periodo tan corto que además coincide con el de la solicitud, a lo que se añade una dificultad material ya que estamos hablando de 60.000 ayudas que con seguridad deberían implicar más de 60.000 solicitudes en un mes, más de 2.000 al día, lo que conlleva una sobrecarga para el portal en el que se solicita”.

Gallardo ha explicado que “hemos comprobado que a menos de dos horas de abrirse el plazo para las solicitudes, ya hay un tiempo de espera de 1 hora, por lo que es muy probable que la página web habilitada se colapse, como ya le ha ocurrido repetidamente a la Junta de Andalucía, volviendo a quedar en evidencia su errónea política de agilización de los trámites administrativos”, ha señalado.

Asimismo, las solicitudes se tienen que revisar, conceder, comunicar y transferir a las personas “lo que supone una importante carga administrativa, que esperamos no implique una demora en el cobro de las ayudas”. El tiempo establecido para su resolución es de 6 meses y se aplicará el silencio administrativo, de modo que si no hay respuesta la solicitud se entenderá como denegada.

Por otra parte, CCOO ha lamentado “que no haya corregido la discriminación hacia las unidades familiares que tienen compartida la patria potestad de menores; es decir, familias procedentes de cónyuges separados o divorciados con hijos o hijas menores en común”.

Ante esa situación, el sindicato ha exigido al Gobierno andaluz que amplíe los plazos de presentación de las solicitudes hasta terminar con la partida presupuestaria y que, en caso de recibir solicitudes que cumplan los requisitos y superen a las 60.000, se amplíe la partida presupuestaria. “Entendemos que la partida de los 12 millones se debería haber gastado el año pasado y si no se hizo fue por la incapacidad de la Junta de Andalucía para ponerla en marcha en 2023”. Desde CCOO animan a las familias, que cumplen los requisitos, a hacer la solicitud.