El primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha señalado este lunes que el Consistorio "acatará la justicia" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) -aunque no es firme y cabe recurso- declarando nulo el acuerdo de aprobación del plan urbanístico aprobado en el Pleno de 20 de noviembre de 2020, que aprobó la Modificación Puntual del Plan Especial de la UE-1 Cabezo de La Joya.

Esta sentencia ha sido motivada por el recurso contencioso administrativo interpuesto por un colectivo en 2021 en contra de ese acuerdo. Al respecto, a pregunta de los periodistas, Arias ha subrayado que el Ayuntamiento va a trabajar "para que la ciudad siga avanzando y siga desarrollándose", pero "cumpliendo la ley y, por supuesto, preservando a los cabezos y nuestro patrimonio arqueológico".

"Nosotros vamos a cumplir la ley y lo que pretendemos es que en La Joya se haga un proyecto que sea compatible para desarrollar urbanísticamente nuestra ciudad, pero protegiendo y conservando los cabezos y todo el patrimonio arqueológico y natural que allí hay, porque lo peor que le puede pasar al cabezo de La Joya es que no se haga nada y la situación en la que está creo que no beneficia a nadie, ni a los ciudadanos, ni a los turistas, ni a los que quieran disfrutar de ese patrimonio tanto natural como arqueológico, ni a los posibles ciudadanos que quieran vivir en una zona de la ciudad", ha manifestado.

En este sentido, el concejal de Urbanismo ha subrayado que "se tendrán que seguir los trámites para que esa situación se regularice" y se subsanen "los errores que se hayan podido producir" para "que este proyecto se haga con la máxima protección y se haga para que esa zona de la ciudad se desarrolle". "Nosotros vamos a apostar por que en Huelva las cosas no se paralicen, sino que se solucionen. Lo peor que le puede pasar a Huelva es que las cosas sigan paradas y nunca se solucionen".

En este punto, ha explicado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento "están analizando cuáles son los defectos de forma y esos problemas legales que se haya podido producir ahí y habrá que subsanarlos y cuanto antes mejor".

"El que las zonas de la ciudad se enquisten es la peor noticia para la ciudad, para los inversores, para los turistas y no creo que sea la mejor imagen que podemos ofrecer de Huelva la situación en la que se encuentra esa zona", ha concluido.

Fallo del TSJA

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva fue el que dejó el camino despejado para la ejecución de ese proyecto el 20 de noviembre de 2020 con el voto favorable del equipo de gobierno municipal del PSOE y las abstenciones del PP, Ciudadanos y Vox, y el voto en contra de Mesa de la Ría y Adelante Huelva.

Con ese paso se modificaba el PERI de la Unidad de Ejecución 1, Cabezo de la Joya, que fue aprobado en 2004, entonces con el gobierno local del PP y sin la contestación social que ha tenido el posterior.

Los promotores del proyecto y el mismo Consistorio defendieron en 2020 que de la superficie total del sector, cifrada en 25.897 metros cuadrados, en 2004 contemplaba un área de uso residencial de 10.071m2, que pasaba a reducirse a 4.740m2, ampliando a su vez la superficie de uso de espacios libres. Todo ello con una pretendida salvaguarda del espacio en el que los investigadores han situado la necrópolis tartésica por los restos encontrados, y evitando la urbanización en zonas en las que potencialmente podría ser de interés arqueológico. La anulación de unas viviendas adosadas en la calle Fray Junípero Serra, frente al cabezo Roma, llevaron a ganar edificabilidad en los edificios proyectados en altura, de 12 y 15 plantas.

Pero en el fallo del TSJA, y pese a los estudios realizados por especialistas por cuenta de la Junta de Compensación, hace referencia a la altura de los edificios y su efecto pantalla ante el cabezo, pero también a la necesidad de que las investigaciones arqueológicas sean siempre previas a un desarrollo urbanístico.

Uno de los puntos de la sentencia destacados por el colectivo demandante es el que señala que “las características del Cabezo de la Joya son incompatibles con su desarrollo urbanístico en los términos acordados porque no garantizan la protección y conservación de su patrimonio arqueológico, medioambiental, histórico y paisajístico”.