La Audiencia de Huelva ha rechazado los recursos de apelación de siete de los nueve investigados por la ilegalidad de las obras de remodelación del Palacio de Doñana, ratificando de este modo el auto del Juzgado 2 de La Palma del Condado que pone el punto final a la instrucción y ordena la continuación de las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.

La Sala solo ha estimado el presentado por la constructora Condisa, por haber fallecido su responsable, mientras que la exconcejala popular Fátima Pérez no había presentado alegaciones ante la instancia provincial.

Como consta en el auto de la Sección Primera del órgano colegiado onubense, al que ha accedido Huelva Información, ponen rumbo al banquillo de los acusados -por prevaricación y por un delito contra el patrimonio histórico- el secretario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Alberto Sereno; el jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio de Industria, Antonio Mora; los exconcejales de Urbanismo del Ayuntamiento de Almonte Fátima Pérez (PP) y Antonio Joaquín Díaz Trigueros (PSOE), la arquitecta municipal y la asesora jurídica del Consistorio almonteño, el arquitecto que dio el visto bueno al proyecto y el director de las obras. Para ello, no obstante, todavía habrá que esperar a que se dicte la apertura del juicio oral, del que este auto es la antesala.

Tal y como consta en el dictamen de la magistrada del Instrucción 2 de La Palma ahora confirmado, se investiga la "presunta participación" de estas ocho personas en los hechos y "existen motivos suficientes" para atribuirles la perpetración de sendos delitos. Así, de las diligencias practicadas se desprende que cuando en el BOE de 24 de noviembre de 2014 se publicó el concurso de obras de remodelación del Palacio de Doñana se especificaba que el inmueble está en el corazón del espacio natural, en suelo no urbanizable de especial protección, y que se encuentra además "con protección de grado 1 estructural conforme al PGOU de Almonte".

A tenor de estas circunstancias, "las únicas obras autorizables son de conservación y mantenimiento, sin alterar sus acabados ni materiales", hace constar la jueza. Sin embargo, las obras llevadas a cabo implicaban demoliciones generales, la sustitución de carpintería de madera original por otra de PVC, la supresión de muros y la construcción de nuevos tabiques, el cierrre de puertas y sustitución de ventanas exteriores por puertas de nuevo acceso a las habitaciones del ala sur, nuevos baños individuales y armarios o la instalación del aire acondicionado.

El concurso fue rubricado por el responsable del CSIC, Alberto Sereno, "obviando el carácter protegido del edificio en cuestión". Y el arquitecto proyectista J.V.G. le dio el visto bueno.

El 25 de febrero de 2015 el CSIC y la constructora Condisa SAU (cuyo jefe de obras era el investigado J.B.D.) solicitaron licencia de obras y del proyecto básico, revisado todo por el jefe de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Antonio Mora, quien rehuyó "nuevamente la protección del inmueble".

Como la solicitud fue informada negativamente por el arquitecto municipal, el 5 de mayo de aquel año se presentó un nuevo proyecto reformado "que suprime el porche exterior únicamente, manteniendo el resto de reformas". Este fue supervisado con la reiterada opinión positiva de Mora.

A la segunda fue la vencida. El nuevo plan de obras recibió el informe favorable de la arquitecta municipal L.J.M. y de la asesora jurídica del Ayuntamiento de Almonte, S.D.C.Z., "aun con conocimiento de la especial protección del edificio y de que se había obviado este extremo en los proyectos". Con estos informes se concedió al CSIC y a la constructora la licencia de obra mayor, fechada el 24 de julio de 2015 y firmada por la que fuera teniente de alcalde de Urbanismo, Fátima Pérez.

En el impás que hubo entre ambos proyectos presentados, "Condisa comienza las obras sin haber obtenido licencia y se inicia expediente de restauración de la legalidad urbanística", en el que sí constan los informes del arquitecto municipal y del asesor jurídico indicando que "las obras no son legalizables y que han comenzado sin licencia".

Pese a todo y a que un informe técnico calificaba los hechos como infracción muy grave de la ley urbanística andaluza, el 18 de agosto se dictó decreto de archivo del expediente, "firmado por el nuevo teniente de alcalde delegado de Urbanismo", Antonio Joaquín Díaz Trigueros, concluye la instructora en su relato.