Huelva

El caso Aljaraque prosigue sin aclarar la validez de la grabación como prueba

  • Las defensas de los cinco investigados volverán a pedir el archivo de la causa. PP y Cs piden la dimisión de Ignacio Caraballo

Los letrados de las partes entran en la Audiencia Provincial para la cita del pasado 13 de septiembre. Los letrados de las partes entran en la Audiencia Provincial para la cita del pasado 13 de septiembre.

Los letrados de las partes entran en la Audiencia Provincial para la cita del pasado 13 de septiembre. / Josué Correa (Huelva)

La falta de juicio sobre el valor de las pruebas aportadas mantiene abierta la instrucción del Caso Aljaraque. La legalidad de la grabación que sustenta la acusación y pieza esencial sobre la que giran los argumentos tanto de la defensa como de la acusación queda en suspenso, pese a la insistencia de las defensas en su nulidad. La instrucción concluye en su auto que “la ilicitud de una prueba no es un debate que haya que orillarse en esta fase”, con lo que sin menoscabo de su invalidez futura opta por mantener abierto el procedimiento. Es una de las líneas argumentales sobre la que la magistrada Fernández Maqueda centra su decisión que continuar con el proceso. No juzga si la grabación aportada por la acusación es admisible como prueba “en esta fase”, si bien abre la posibilidad de ser recurrida en una posterior si los acusados consideran que han sido vulnerados sus derechos o los audios se obtuvieron de forma irregular, tal y como han argumentado hasta el momento.

Si el guión sigue sobre lo previsto, las defensas del presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, y los otro cuatro investigados presentarán mañana un recurso contra el auto del pasado martes en el que ordenaba continuar con el procedimiento abierto por un presunto delito de cohecho para evitar una moción de censura en el ayuntamiento de Aljaraque en enero de 2017, según ha podido saber Huelva Información. La magistrada Fernández Maqueda desestimó los recursos de las partes para mantener el procedimiento en curso ante la insistencia de las defensas del sobreseimiento de la causa abierta contra el líder de los socialistas onubenses y presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo; a los dos concejales de la formación morada aljaraqueña, Francisco Martín y Pedro Escalante; al representante de CCOO José Luis Rodríguez, y al directivo de Aguas de Huelva J.M.M.R..

Los letrados de los investigados pedirán una vez más que se anule la grabación de las conversaciones en las que se mencionan supuestos movimientos para la compra de voluntades ante la moción de censura que debía provocar la caída de la entonces alcaldesa socialista Yolanda Rubio.

En este punto, cabe la posibilidad de ser rechazado el recurso, ser admitido y archivado el caso en parte o su totalidad en función de la validad de las pruebas. En este sentido, existe la opción de ser declarada nula la grabación y demás archivos sonoros sobre los que se fundamentan las acusaciones, con lo que el proceso podría incluso seguir adelante sin estas pruebas ni ninguna de las derivadas de ella. Alegan que éstas se produjeron de forma irregular y sin ninguna garantía que certifique que no fueron manipuladas. Además, sostienen que se produjo la ruptura de la cadena de custodia del pendrive y el teléfono móvil que contenían los archivos, uno de los cuales denominado Resultados-zip además, reconoce la instrucción, resulta imposible de abrir y sobre el cual “se acuerda se compruebe si resulta posible el acceso y en caso contrario se proceda a su subsanación por los servicios de informática”.

La jueza: “La ilicitud de una prueba no es un debate que haya de orillarse en esta fase”

Además, según fuentes consultadas por este diario, las defensas pedirán su derecho a contradicción para poder interrogar a la acusación en fase de instrucción y oponer así su versión de los hechos que se investigan.

El caso Aljaraque saltó ayer de la Audiencia al Pleno de la Diputación, donde la causa se convirtió en batalla política en evidente clave electoral. Las dos principales fuerzas de la oposición, PP y Ciudadanos, exigieron la marcha del presidente Ignacio Caraballo, mientras el PSOE defendió que el proceso sigue su curso y evita pronunciarse. Izquierda Unida sostuvo su respeto a la presunción de inocencia y se emplaza al desenlace final del proceso abierto.

Son las posturas claras y esperadas horas después de que la magistrada María José Fernández Maqueda, instructora del caso, ornadenase que siga la causa contra el líder de los socialistas onubenses y presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo; a los dos concejales de la formación morada aljaraqueña, Francisco Martín y Pedro Escalante; al representante de CCOO José Luis Rodríguez, y al directivo de Aguas de Huelva J.M.M.R.

Las defensas reclaman la posibilidad de interrogar al demandante

La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Huelva rechazó así la petición de sobreseimiento de las actuaciones formulada por las defensas y apoya la tesis de la Fiscalía y del PP, que ejerce la acusación popular. Por ello acordó “la continuación del presente procedimiento para juicio ante el tribunal del jurado”, al estimar que “existen indicios de la comisión del delito de cohecho” en el caso de los cinco encausados, como consta en el auto adelantado por Huelva Información.

El PSOE respalda a su secretario general provincial como ha hecho desde el inicio. Su portavoz en la Diputación, José Fernández, calificó la decisión judicial como “un paso más del proceso”, por lo que considera que “no hay movimiento judicial y por lo tanto no hay movimiento político”. Ante las peticiones de dimisión de PP y Ciudadanos y sus alegatos al código interno socialista que fija la apertura de juicio oral de un cargo como motivo de cese, Fernández les responde que “el código ético lo aplica el propio partido, no lo solicitan el resto de grupos políticos”.

El PSOE defiende que el código ético “lo aplica el propio partido, no los demás grupos”

Adelante Huelva calificó el tema como “grave”, si bien “hay que preservar la presunción de inocencia” por lo que “hay que esperar a que se dirima el proceso antes de hacer valoraciones”. Su portavoz en la Diputación Provincial, David Calderón, señaló que “son hechos muy graves” y espera que “se diluciden lo antes posible”. A su juicio, “hay muchos motivos para pedir la dimisión de Caraballo pero en lo que estamos interesados es en que este juicio termine y se dilucide si realmente estos hechos tan graves han tenido lugar”.

Ciudadanos y PP se mostraron más contundentes en sus posiciones. El portavoz popular, Juan Carlos Duarte, denunció que “esta institución que no puede estar manchada por un proceso judicial”. Acusó al PSOE de ser “un especialista en cambiar la versión”. Por ello, reclama “la dimisión del presidente de esta institución que es fundamental para vertebrar esta provincia” María Ponce (Cs) sostiene que le parece “increíble que haya que seguir hablando de corrupción”. Recuerda que “mi partido lleva más de un año solicitando la dimisión” de Caraballo, a quien acusa de “manchar el nombre de la institución y de Aljaraque”. En consecuencia, le piden a Susana Díaz y Pedro Sánchez, como líderes regional y nacional, que “lo obliguen a dimitir”.

Etiquetas

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios