El fallecimiento de Rita Barberá ha reabierto el debate sobre en qué momento procesal debe asumirse la responsabilidad política. El PP mantiene que se debe echar a un político cuando se abre juicio oral, aunque reconoce que en el pacto de investidura con Ciudadanos (C's) fue más allá por exigencia del partido de Albert Rivera.

El goteo de casos de corrupción que han aflorado en los últimos años ha llevado a algunos partidos a abanderar la regeneración democrática como uno de sus principales promesas electorales. C's mantiene en su programa que todos los cargos y representantes públicos deberán cesar "desde el momento en que se les abra investigación judicial (antigua imputación) en los casos de delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como en los de violencia de género".

Y el PP aceptó durante la negociación del pacto de investidura las tesis de Ciudadanos en esta materia. En el documento que firmaron a finales de agosto reza textualmente que ambas formaciones "se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial". Además, en ese acuerdo PP y Ciudadanos "se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos".

En las filas del PP reconocen que este debate sobre cuándo asumir la responsabilidad política estará también sobre la mesa en el Congreso Nacional de febrero.

Este debate sobre la responsabilidad política también llegará al Parlamento en breve. El pasado 15 de septiembre, Ciudadanos ya presentó una iniciativa que, en aras del consenso con los demás grupos parlamentarios, suaviza en cierta medida las tesis de su propio programa electoral.

Tras la muerte de Barberá, han sido continuas las llamadas en el PP a "reflexionar" sobre lo sucedido con la ex alcaldesa porque, según fuentes populares, no había sido condenada por los tribunales pero sí por la llamada pena del telediario.

Mariano Rajoy ha sido estos años el principal valedor de la tesis de que había que dejar actuar a la Justicia y no tomar decisiones apresuradas, porque podía provocar decisiones injustas.

El pasado 24 de febrero, en una entrevista en Antena 3, a sabiendas de que le preguntarían por el caso Barberá, Rajoy exhibió un documento con casos de 170 cargos del PP que fueron imputados en su día, pero después fueron absueltos o las causas archivadas.