El fiscal concluye en su escrito de acusación que las subvenciones fueron otorgadas a cada una de las cinco asociaciones que ofreció Ángel Ojeda. En total fueron 15 las subvenciones otorgadas el 10 de agosto de 2009, el 26 de febrero de 2010 y el 3 de diciembre de 2010, en tres fases y por las siguientes cuantías:

1. La Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido la suma de 7.376.573,64 euros.
2. La Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5.268.825,84 euros.
3. La Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573,64 euros.
4. La Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido la cantidad de 7.376.573,64 euros.
5. La Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con un montante total de 5.911.242,40 euros.

Las subvenciones del 10 de agosto de 2009 y 26 de febrero de 2010, concedidas en la primera y segunda fase, fueron otorgadas por Antonio Fernández, y las del 3 de diciembre de 2010 por Manuel Recio "de la misma manera que el anterior e igualmente sin estudios previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo", sostiene el fiscal, que añade que tampoco se realizó una "previa comprobación de la ejecución de las dos anteriores fases".

"Los consejeros, conocían que las cinco asociaciones eran ficticias, y que todas, no son más que entidades constituidas por Ángel Ojeda Avilés, bien por personas de su confianza, bien por familiares y empleados". El total concedido al entramado del ex consejero andaluz de Hacienda ascendió a 33,309,789,16 euros.

En la tramitación de estas subvenciones, prosigue la Fiscalía, "no constan en el expediente administrativo más que la solicitud con memoria por cada asociación genérica, vaga y que se repite en cada una de las cinco entidades y fases; y tras la incoación por el Director General del procedimiento, una justificación del carácter de excepcional escueta", elaborada por el Jefe de Servicio de Estudios y Programas de la Dirección General.

Por último, se dictó la resolución de la concesión, en la que "no se realizó ni la más mínima comprobación sobre las entidades solicitantes y donde no hubo una modulación ni rectificación sobre la valoración del proyecto formativo, tampoco de sus costes ni gastos generales, que siempre proponía Ojeda a través de sus testaferros".

Estas resoluciones tenían las "siguientes peculiaridades" en su parte dispositiva:

• No se establecía que fuera la propia Dirección General  de Formación, la que hiciera el control de la subvención sino en la Delegación del SAE de Cádiz y con la siguiente fórmula: "A los efectos de justificación de la subvención concedida, tanto para la justificación del 25% como para justificación final y total del proyecto, en el plazo máximo de dos meses desde la finalización de las acciones, la entidad deberá presentar ante la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz".
• En cada subvención se desglosaron las cuantías que iban directamente a abonar los sueldos y aquellos gastos que realmente eran de formación.
• Las subvenciones se pagaban en un 75% a su concesión, y en un 25% restantes a la justificación del 25% del total de la subvención.

Por todo ello, "sólo con la justificación de una parte de los pagos de sueldos y gastos de Seguridad Social, que Ojeda cumplió de modo escrupuloso, se podía proceder a la totalidad del pago, y así se hizo, sin esperar a que las asociaciones justificaran nada de lo invertido en formación", concluye.