La familia de Griñán se anticipa a la notificación de la sentencia del Supremo por el caso de los ERE y pide ya el indulto parcial. La mujer del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, María Teresa Caravaca, y sus hijos, Manuel, Ana y Miguel Griñán Caravaca, han presentado este jueves ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial para el ex dirigente socialista, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación en el denominado "procedimiento específico" de los ERE.

La propia familia de Griñán ha informado en un comunicado este jueves de que ha dado ya el primer paso para que el Gobierno se pronuncie sobre si concede o no el indulto parcial al ex presidente andaluz.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han precisado que el Ministerio dirigido por Pilar Llop aún no ha recibido la petición, y que el trámite no se iniciará hasta que la sentencia del Tribunal Supremo esté redactada y se haga pública. En principio, la sentencia se notificará en las próximas semanas, ya que cuando se anticipó el fallo, el pasado 26 de julio, la Sala Segunda del Supremo comunicó que la resolución se notificará cuando se redacte el voto discrepante de las dos magistradas, que consideran que se debería haber estimado parcialmente el recurso de Griñán y de otros cuatro ex altos cargos -Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo-, anulando la sentencia de la Audiencia de Sevilla y absolviéndolos del delito continuado de malversación de caudales públicos.

Una vez se notifique la sentencia, será el tribunal sentenciador, en este caso la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la que deberá requerir un informe a la Fiscalía -este caso lo lleva la delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla- para que luego el Ministerio de Justicia eleve la petición de indulto parcial al Consejo de Ministros.

La mujer y los hijos de Griñán han alegado que esta solicitud de indulto se ampara "expresamente en razones de humanidad y equidad", y sostienen que, "desde el total respeto a las instituciones", existen "argumentos para su concesión".

La petición tiene lugar después de que el pasado 26 de julio el Tribunal Supremo confirmara la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE). El primero fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, mientras que el segundo fue sentenciado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, lo que le sitúa ahora a un paso del ingreso en prisión.

No obstante, la petición de indulto se ha registrado antes de que se dé a conocer el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, que contó con el voto discrepante de dos de los cinco miembros del alto tribunal encargado de este fallo: las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo.

POR "RAZONES DE HUMANIDAD Y EQUIDAD"

En su nota de prensa difundida este jueves, la mujer y los hijos del expresidente de la Junta apuntan que la solicitud del indulto parcial "es exclusivamente familiar y está alejada por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial, amparándose expresamente en razones de humanidad y equidad".

"Desde el total respeto a las instituciones, consideramos que existen argumentos para su concesión", defienden la mujer y los hijos de Griñán, para quienes "concurren en este caso circunstancias personales excepcionales que amparan la solicitud".

Así, subrayan que el también expresidente del PSOE y ex ministro en la etapa de Felipe González como presidente del Gobierno es "un ciudadano de 76 años de edad con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el Estado del Bienestar, y por un profundo respeto a las instituciones del Estado, incluidos, por supuesto, los Tribunales de Justicia, sobre los que siempre ha mantenido un prudente silencio en contraste con la exacerbada exposición mediática sufrida durante estos últimos años".

Los familiares de Griñán destacan, asimismo, que el expresidente de la Junta, "tras más de cuarenta años consagrado al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario, como acredita su patrimonio, que es público y conocido y ha sido objeto de investigación durante el caso, sin que en ningún momento se haya producido en absoluto enriquecimiento personal ni familiar".

Señalan igualmente "la manifiesta desproporción de la condena impuesta en comparación a la de otras personas que sí incrementaron su patrimonio en diferentes casos de similar repercusión".

La mujer y los hijos de Griñán ponen de relieve que han transcurrido ya "más de once años desde las primeras actuaciones en la instrucción del caso" de los ERE, en los que el ex presidente y ex consejero andaluz de Hacienda "ha sufrido, y sigue sufriendo, el permanente deterioro psicológico y moral de ver su nombre expuesto a debate público, afectando ello a su intimidad, su honor, su imagen y a su presunción de inocencia, desembocando en la práctica en una reclusión en el entorno familiar para protegerse en este penoso trance vital, con unas graves consecuencias y limitaciones cotidianas especialmente dolorosas por su relevancia pública, que le dificultaron, y en gran parte impidieron, disfrutar de un modo de vida ordinario".

Por parte de la familia de Griñán se destaca también que, "tras once años de proceso, y aún a falta de conocer la sentencia definitiva, la condena a seis años de cárcel se ha producido por un resultado de tres votos a favor y dos en contra", así como que "el magistrado instructor del Tribunal Supremo -Alberto Jorge Barreiro- concluyó, en 2015, que no era procedente la imputación del delito de malversación de caudales públicos".

"Todo lo cual pone de manifiesto que no ha sido posible alcanzar una decisión más allá de toda duda razonable", sostiene la familia de Griñán, para la que "todas estas realidades, una vez que se corrobora que legalmente se cumplen los requisitos formales, son motivo suficiente para amparar una petición de indulto parcial referido a la pena privativa de libertad".

Apoyo al indulto

Igualmente, la mujer y los hijos del expresidente andaluz aprovechan su comunicado para expresar su "gratitud hacia las numerosas personas que nos han querido acompañar con su expreso y voluntario apoyo en esta petición".

Personas -continúan en la nota de prensa- "de muy distintos pareceres e ideas, representativas de una enorme diversidad de ámbitos sociales, profesionales, empresariales, sindicales, culturales, académicos y deportivos, muchas de ellas de gran notoriedad, que cuentan con el reconocimiento público general".

"Queremos hacer llegar nuestro sincero y emocionado agradecimiento a todas ellas por su apoyo a la solicitud de indulto, tanto más valioso por cuanto se nos ha dado en un momento de tal crispación social en el que resulta absolutamente innecesario despolitizar lo que simplemente queremos que sea considerada como una petición justa y suficientemente razonada por los motivos anteriormente expuestos", concluyen en su nota de prensa María Teresa Caravaca de Juan, Manuel Griñán Caravaca, Ana Griñán Caravaca y Miguel Griñán Caravaca.

Entre quienes han anunciado públicamente en las últimas semanas su apoyo a esta petición de indulto figuran los ex presidentes del Gobierno Felipe González, que nombró a Griñán ministro en 1992, y José Luis Rodríguez Zapatero, que le promovió como presidente del PSOE en 2012, así como el exvicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra.

También la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz anunció hace unos días que había sumado su firma a la de quienes apoyan esta petición de indulto para su antecesor al frente del Gobierno andaluz.

Sin embargo, el Código Ético del PSOE que rige desde 2014 señala en su artículo 8.1 que "los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves".

Precisamente a ese Código Ético apeló este pasado miércoles el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para no secundar con su firma también ese manifiesto de apoyo a la medida de gracia del Consejo de Ministros.

La petición puede dejar en suspenso el cumplimiento de la pena

La petición de indulto puede dejar en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión mientras se tramita dicha solicitud y aunque no existe un plazo mínimo para la concesión del indulto, la ley indica que los procedimientos abiertos tienen que resolverse en el plazo máximo de un año. En 2021, el Gobierno concedió 50 indultos, entre ellos a nueve de los condenados por el 'procés'.

A lo largo de la historia de España, se ha otorgado esta medida de gracia desde un ex ministro a un ex presidente autonómico. Así, el Ejecutivo de José María Aznar el que aprobó en 1998 los indultos para el ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, miembros del gobierno de Felipe González y condenados a diez años de cárcel por su implicación en la guerra sucia contra ETA, en concreto, por el secuestro de Segundo Marey por los GAL.

Barrionuevo fue el primer ex ministro de la democracia que entró en prisión y años antes Juan Hormaechea había hecho también historia al convertirse en el primer presidente autonómico condenado por la justicia. El ex presidente cántabro fue condenado en 1994 a seis años de cárcel y catorce de inhabilitación por prevaricación y malversación de fondos públicos, pero el último Gobierno de Felipe González le concedió un indulto parcial de la pena de prisión. Aquella condena acabó siendo anulada por el Constitucional, pero no fue la única a la que hizo frente Hormaechea a lo largo de su vida.