La defensa del ex presidente de la Junta Manuel Chaves ha pedido este miércoles su absolución a los magistrados del Tribunal Supremo, al entender que su intervención en la aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos y de las modificaciones presupuestarias de las ayudas de los ERE no puede ser considerada prevaricadoras, puesto que esa actuación no puede subsumirse en el concepto de "resolución" contemplada en el delito de prevaricación.

El abogado Pablo Jiménez de Parga, que representa a Manuel Chaves -que fue condenado por la Audiencia de Sevilla a nueve años de inhabilitación-, ha sido el último de los letrados de la defensa de los 19 ex altos cargos que han expuesto sus alegaciones ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, en la que ha manifestado que ni los acuerdos del Consejo de Gobierno que aprobaron los anteproyectos de ley del Presupuesto andaluz y su remisión al Parlamento, ni la aprobación de las distintas modificaciones presupuestarias que se realizaron en relación con la partida 31L para las ayudas sociolaborales y a empresas encajan dentro del concepto de "resolución" que establece el delito de prevaricación.

Así, el letrado ha recordado que hay cinco sentencias del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo del año 2016 que, en relación con acuerdos del Consejo de Ministros, señalan que este tipo de actuaciones constituyen un "acto preparatorio de una decisión parlamentaria que está privada de eficacia jurídica".

En cuanto a las modificaciones presupuestarias, el letrado señala que la sentencia recurrida recoge que se trata de "resoluciones" pero sin aportar "ningún argumento jurídico" donde documentarlo, por lo que ha insistido en que ni los acuerdos que remitían los anteproyectos ni estas modificaciones pueden considerarse como "resoluciones" a efecto del delito de prevaricación.

De la misma forma, ha aseverado que aún en el supuesto de que se considerara posible subsumir esos acuerdos en dicho concepto, "lo que no concurriría es que se trata de resoluciones arbitrarias", ha concluido.

Mañana, el turno de la Fiscalía 

Tras la exposición del alegato de la defensa de Chaves, el tribunal ha dado por concluida la primera sesión de la vista de los recursos y ha emplazado a las partes mañana, a partir de las 09:30 horas, cuando será el turno de la Fiscalía y de la acusación popular para impugnar los recursos de casación y solicitar que se confirme la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Los fiscales del Supremo durante la intervención de las defensas.

La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene la tesis de que hubo un “plan” preconcebido para materializar la disposición de fondos públicos en la Junta de Andalucía durante una década y que ese plan fue una decisión “colectiva”, “colegiada”, y “compartida” de los gobiernos andaluces presididos por los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de los demás ex altos cargos que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la concesión de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo 2000-2009.

En un extenso escrito de 789, los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar piden al Supremo que ratifique íntegramente la sentencia del denominado “procedimiento específico” de los ERE, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Griñán a 6 años y 2 días de prisión y a inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por un delito continuado de prevaricación en concurso ideal con otro de malversación de caudales públicos, mientras que Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.