Residencias Tiempo Libre

El juez pide información sobre otros dos directores de Empleo

  • Declara como testigo un jefe de servicio que coordinó las residencias veraniegas

Residencia Tiempo Libre de La Línea

Residencia Tiempo Libre de La Línea / Fran Montes

El juez que instruye la denuncia contra las antiguas cúpulas de los sindicatos UGT y CCOO en Andalucía y dos ex directores generales de Trabajo de la Junta, acusados por la gestión de las residencias Tiempo Libre, ha pedido que se identifique a los directores generales que ocuparon el cargo desde el cese de Juan Márquez en 2011 y hasta julio de 2015.

En realidad uno de esos directores generales de Empleo ya está identificado y declaró en la causa como investigado: Daniel Alberto Rivera, que ocupó el cargo entre 2011 y 2012 y declaró en esta causa en julio de 2020.

Los restantes altos cargos (con la denominación de director general de Relaciones Laborales) fueron Francisco Javier Castro Baco (que ocupó el cargo entre junio de 2012 y octubre de 2013) y Manuel Gabriel Pérez Martín, que lo hizo entre octubre de 2013 y julio de 2015. Fue cesado tras declarar como investigado por otro caso de fraude en la contratación administrativa para supervisar cursos de formación profesional.

El juez de instrucción 9 investiga una denuncia de la Fiscalía contra los sindicatos por no reintegrar 6,7 millones de euros procedentes de la gestión sindical de las residencias Tiempo Libre entre 2003 y 2006.

Frente a la denuncia de la Fiscalía, que asegura que CCOO dejó de reintegrar a la Junta 4.025.433 euros y UGT un total de 2.699.365 euros, los investigados mantienen que la Administración andaluza les debe aún más dinero del que reclama.

En esta causa estuvo imputado además por una presunta prevaricación administrativa por omisión Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo fallecido en octubre de 2020.

En su declaración en 2020, Guerrero manifestó que esas residencias veraniegas procedían del antiguo Patrimonio Sindical, que UGT y CCOO siguieron gestionándolas porque no percibieron en forma de dinero la devolución de ese patrimonio, como había hecho la patronal, y que nunca se vio afectado el servicio.

Márquez declaró que no intervino en esa gestión y Rivera que nunca le comunicaron que los sindicatos tuvieran deudas y que la Junta las podría haber cobrado porque los sindicatos tenían un saldo a su favor en su dirección general.

La investigación judicial continuará este jueves con la declaración como testigo de José Francisco P.D., ex jefe de servicio de coordinación de las residencias Tiempo Libre. 

En la causa están investigados, entre otros sindicalistas, Julio Ruiz (1992-2004) y Francisco Carbonero (2004-2017), ex secretarios regionales de CCOO; y Federico Fresneda (2002-2008), ex secretario de Administración de UGT.

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